Gaceta Oficial No. 39.975 del  31 de julio de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

Procedencia: Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expedientes Nros. 06-0823/06-1178

1.- El 1 de junio de 2006, los ciudadanos Pedro Perera Riera e Inés Parra Wallis, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.589.480 y 6.916.415, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 21.061 y 34.463, respectivamente, interpusieron ante la Secretaría de esta Sala acción de interpretación constitucional acerca del contenido del artículo 153 de la Constitución, "con el objeto de determinar si las normas que se adoptan en el marco de los acuerdos de integración se incorporan al ordenamiento jurídico nacional y si, por ende, las normas adoptadas por los órganos de la Comunidad Andina de Naciones en el marco del Acuerdo de Integración Subregional Andino, se encuentran vigentes en nuestro país, con ocasión a la denuncia del referido Acuerdo realizada por la República Bolivariana de Venezuela" (Expediente N° 06-0823).

El 2 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero.

El 21 de noviembre de 2006, la Sala mediante sentencia N° 1919, declaró: "1.- Admite la acción de interpretación interpuesta por los ciudadanos Pedro Perera Riera e Inés Parra Wallis, arriba identificados, acerca del contenido del artículo 153 de la Constitución. 2.- Se ordena notificar de la presente decisión al Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Defensor del Pueblo, para que -en el lapso de cinco días de despacho siguientes a su notificación- consignen escrito contentivo de su opinión respecto de la interpretación requerida. Se omite en el presente caso el acto de audiencia oral, por considerarse de mero derecho la interpretación solicitada. 3.- Se ordena notificar por medio de Edicto a todos los interesados en coadyuvar en cuanto al sentido que ha de darse a la interpretación solicitada, para que comparezcan por ante la Secretaría de esta Sala, dentro del lapso de cinco días de despacho a partir de que conste en autos la publicación del Edicto y consignen, si lo creyeren conveniente, sus respectivos escritos. 4.- Se acumula la presente causa a la contenida en el expediente nº 06-1178 de esta misma Sala, con el objeto de que una sola decisión abarque ambos procesos. En consecuencia, suspéndase el curso de la causa que previno hasta que la presente se encuentre en el mismo estado".

Realizadas las correspondientes citaciones, la representación judicial de la parte accionante, el 7 de diciembre de 2006, retiró el "edicto" librado por el Juzgado de Sustanciación el 1° de diciembre de 2006.

El 7 de diciembre de 2006, la parte recurrente confirió poder apud acta a los abogados José Valentín González, José Humberto Frías, Nelxandro Román Sánchez, Dubraska Galarraga Ponce y Álvaro Guerrero Hardy, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 42.249, 56.331, 39.341, 84.651 y 91.545, respectivamente.

"IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR
 
El objeto del presente recurso de nulidad son las normas contenidas en los artículos 33 al 54 de la Ordenanza sobre Conservación y Riesgo Ambiental del Distrito Metropolitano de Caracas, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Metropolitano de Caracas N° 00102 del 6 de marzo de 2006, cuyo contenido es el siguiente:
 
“Artículo 33. El Gobierno del Distrito Metropolitano de Caracas, con la participación de la ciudadanía a través de la contraloría social ambiental, ejercerá en el territorio de su jurisdicción el control ambiental sobre las actividades capaces de degradar el ambiente”.
 
“Artículo 34. El Gobierno del Distrito Metropolitano de Caracas, ejercerá el control ambiental en su jurisdicción, según las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico nacional vigente, en las normas técnicas ambientales que desarrollan la materia y en la presente Ordenanza”.
 
“Artículo 35. Todo proceso de planificación a ser ejecutado en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Caracas deberá contemplar todas las medidas tendientes a prevenir o corregir los procesos existentes o posibles de contaminación o riesgo ambiental”.

Sala Constitucional, Interpretación que debe darse a la Ley de Comparecencia del Estado Zulia. No pueden incluirse bajo su aplicación a funcionarios públicos municipales. Sólo se podrán incluir a los responsables de las delegaciones regionales.

"...III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En el caso de autos ha sido ejercido un recurso de nulidad por inconstitucionalidad conjuntamente con acción de amparo constitucional y medida cautelar innominada contra el acto de apertura del procedimiento administrativo sancionatorio de multa en contra del Alcalde del Municipio Maracaibo  Gian Carlo Di Martino Tarquino y al mismo tiempo de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia, (Gaceta Oficial del Estado Nº 748 de fecha 18 de enero de 2003).

En este sentido, siendo que lo que determina la competencia de esta Sala Constitucional para conocer del caso de autos, es la nulidad del acto legal, esto es, de la Ley de Comparecencia del Estado Zulia, pasa esta Sala en primer término a pronunciarse en torno a la nulidad del referido instrumento legal.

De la denuncia relativa a la incompetencia y a la violación a la autonomía municipal.

tsj.gov.ve
Se ordenó poner en libertad a cualquier persona que estuviere sometida a la pena de arresto y  eliminar expedientes, archivos y/o registros de que hubieren sido objeto las personas a las que se les aplicaron las normas ahora declaradas nulas. Se exhortó al Consejo Legislativo del Estado Cojedes para que derogue cualquier disposición de contenido similar a las que han sido anuladas por este fallo y para que no incluyan, en lo sucesivo, sanciones de privación o restricción de libertad en sus textos legales.

 
"...I ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN En primer término, pasa esta Sala a emitir pronunciamiento en torno a la solicitud de extensión de los efectos contemplada en el fallo N° 191/2010, y al efecto indica lo siguiente:

En la referida sentencia cuya extensión de efectos acordó la Sala, se expuso lo siguiente:

“Transcritas las normas impugnadas, expuestos los argumentos de las partes y precisado el contenido y el alcance del presente juicio de nulidad por inconstitucionalidad, esta Sala Constitucional expresa sus consideraciones a los fines de emitir la decisión definitiva.

En este sentido, se observa que la Defensoría del Pueblo impugnó por inconstitucionalidad los artículos 9 cardinales 4, 16, 18, 19 y 20; 10 cardinal 6; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 61, 63, 64, 67, 75, 77, 80, 82, 99, 120, 123, 124, 126, 136, 142, 150, 163, 166, 171, 172, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 y 239 del Código de Policía del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957, por considerar que dicha normativa resulta contraria a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

tsj.gov.ve, Sala Constitucional

"I DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD
 
La parte recurrente fundamentó su pretensión, en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
 
A juicio del Ministerio Público, las normas de la Constitución del Estado Amazonas impugnadas, vulneran los principios de separación de poderes y de la legalidad, postulados por los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
 
En tal sentido, arguyeron que el Consejo Legislativo del Estado Amazonas incurrió en el vicio de usurpación de funciones al establecer “(…) en la Constitución del Estado, una competencia en la persona del Gobernador del Estado Amazonas, que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la regulación normativa que al efecto dicte la Asamblea Nacional, tal y como se desprende de lo establecido en los artículos 156 numeral 33 y 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
 
Observó el órgano fiscal que “(…) de acuerdo con lo previsto en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, quien posee la facultad de decretar estados de excepción en caso de circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la Nación (…)”.