El procesamiento del abogado venezolano José Amalio Graterol fue arbitrario y no respetó las garantías básicas del debido proceso, así concluye el informe sobre las observaciones del caso publicado hoy por el  International Bar Association’s Human Rights Institute [Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI)]  – La única organización internacional que ha mantenido observaciones durante las audiencias llevadas a cabo entre julio y diciembre de 2012.

El informe de 20 páginas titulado The Criminal Trial of Venezuelan Lawyer José Amalio Graterol (El juicio penal contra el abogado venezolano José Amalio Graterol), establece que además de las múltiples violaciones al debido proceso según el derecho nacional e internacional, el procesamiento y la condena del Dr. Graterol infringen numerosas garantías para el ejercicio de la abogacía establecidas en los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados (UN Basic Principles on the Role of Lawyers). En particular, el Informe menciona la preocupación del IBAHRI sobre:

  • La falta de una orden judicial al momento de la detención del Dr. Graterol;
  • La sanción penal retroactiva impuesta once días después de su detención, el día 15 de junio de 2012. Efectivamente, el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela se reformó para legalizar los juicios in absentia, criminalizando el rechazo por parte del Dr. Graterol de seguir con el juicio en ausencia de su cliente. Esta acción llevada a cabo por parte de las autoridades venezolanas contradice las normas internacionales de derechos humanos, particularmente el Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH);
  • Las contradicciones entre los argumentos del fiscal y la falta de testigos; y
  • Las importantes demoras procesales durante el juicio.

La Baronesa Helena Kennedy, QC, sostuvo que “la condena de José Graterol constituye otro golpe al estado de derecho y a la independencia de la profesión jurídica en Venezuela. Existe un peligro real de que el ‘caso Graterol’ produzca un efecto ‘intimidatorio’ entre los abogados venezolanos, atemorizados de ser privados de su libertad por aceptar casos relacionados con la política”. Agregó: “El IBAHRI insta firmemente al gobierno venezolano para que anule las sentencias penales que condenaron al Dr. Graterol y respete los tratados internacionales sobre los derechos humanos que ratificó, especialmente en consideración del lugar que ocupa actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

Respondiendo la interrogante que se planteó en la entrega anterior, ¿cómo ha previsto el legislador cuando un Abogado, en razón de su profesión, tiene o debe hacer actos propios de la abogacía fuera de su domicilio dentro del territorio venezolano?.

La respuesta se encuentra en la Ley de Abogados (LA, 1966) y su Reglamento (RLA, 1967). Si ya se ha cumplido con el requisito de la obtención del título de Abogado y su inscripción  ante la Oficina de Registro Principal, así como el cumplimiento de las normas gremiales: Colegio de Abogados e INPREABOGADO; ya se tiene resuelta la primera parte del problema.

Raymond Orta M Informatico ForensePara el momento que recibí mi título de abogado, se podían contar con los dedos de las manos las universidades que impartían ésta carrera, la mayoría estaba en Caracas, en la actualidad, no solo se imparte a lo largo y ancho del país, sino que, los centros de postgrado son el brazo derecho de toda universidad. Cuanto me gustaría decir, que por cuanto hay más abogados hay más justicia en mi país, pero por ahora no es así.

Los sueños de justicia de estudiantes y de los recién graduados en muchos casos se convierten en madrugonazos y trasnochos de vida, cuando el profesional del derecho sale a patear la calle y a dejar la suela de sus zapatos en órganos administrativos y tribunales, donde, por mas que se hayan producido cambios procesales, todavía los procedimientos son lentos y pueden ser influenciados por otros poderes públicos o por la corrupción de algunos funcionarios.

Eduardo LaraCon frecuencia, el profesional del Derecho debe asumir asuntos – tanto de tipo judicial como extrajudicial – fuera del lugar de desempeño habitual o su domicilio, lo que podría implicar adaptaciones - no solamente personales, familiares, tránsito, horarios o de otro tipo - sino también la resistencia de otros colegas en el libre ejercicio de la localidad o de funcionarios abogados o no.

Para despejar las dudas de quienes me requieren opinión del tema, tras conocer la experiencia profesional cuando el Colegio de Abogados del Distrito Capital, a través de la Comisión de Libre Ejercicio, tuvo a bien honrarme considerar mi nombre para publicar un dictamen años atrás sobre esta materia, el cual se encuentra en un boletín de esa Comisión y que se recomienda su lectura;  así como los alumnos en la Cátedra Universitaria, ya que contribuirá a aclarar la situación, lo cual abarca a clientes, patronos, representantes públicos o privados, como a los contrarios a los intereses que se defienden, tanto en sede administrativa como judicial.