I. Introducción

A dos días de cumplirse el plazo de vigencia de los poderes especiales otorgados al Presidente de la República por la saliente Asamblea Nacional en diciembre de 2010, es promulgado un decreto con rango, valor y fuerza de ley mediante el cual se realizan reformas sustantivas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), al punto que, más que reformas, nos coloca frente a un nuevo sistema procesal penal.

El Presidente de la República no está habilitado para crear delitos ni legislar sobre derechos. Con ello no solo se incumple con lo dispuesto por la Constitución, sino con compromisos internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos.

Reforma del COPP 2012

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRES BELLO

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS

COPP 2009 JUICIO PREVIO Y DEBIDO PROCESO ARTÍCULO 1 Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas ante un Juez o Jueza, o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República

COPP 2012 Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles, ante un Juez o Jueza, o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República

Jose Amalio GraterolLa fundación holandesa `Abogados para Abogados` condena la detención de D. José Amalio Graterol, abogado y defensor (junto con su colega la Sra. Thelma Fernández) María Lourdes Afiuni. María Lourdes Afiuni es una juez venezolana, suspendida y encarcelada durante 14 meses, y bajo arresto domiciliario desde febrero de 2011, después de la liberación bajo fianza a un hombre que se había celebrado en prisión preventiva durante dos años sin una audiencia judicial - siendo una infracción del Código Penal Venezolano y del derecho internacional.

Tras más de 10 horas de espera, pasadas las 11 de la noche del viernes, el Tribunal Primero de Control a cargo del juez Juan Ramón Contreras, acordó proseguir juicio contra José Amalio Graterol por el delito de "obstrucción a la justicia", previsto en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Artículo 110. El que mediante violencia, intimidación o fraude impida u obstruya la ejecución de una actuación judicial o del Ministerio Público, será sancionado con prisión de seis meses a tres años.

El juicio continuará en libertad, pero se impusieron las siguientes medidas sustitutivas de prisión:

- Fianza (2 fiadores que ganen por encima de por 180 unidades tributarias cada uno). La UT está en Bs. 90. Eso equivale a ingresos por fiador de Bs. 16.200 mensuales por fiador, lo que supone que cada fiador debe tener un ingreso mínimo mensual de US$ 3.767
- Prohibición de salida del país.
- Prohibición de hablar sobre los casos que lleva en el Edo. Vargas.
- Presentación periódica al tribunal.

HUMAN RIGHTS WATCH SE PRONUNCIA SOBRE DETENCIÓN DE ABOGADO JOSÉ AMALIO GRATEROL

En la mañana de hoy, miércoles 6 de junio, el Dr. José Miguel Vivanco, Director de Human Rights Watch, Américas, fijó posición ante la detención del Abogado José Amalio Graterol, quien representa judicialmente a la Juez María Lourdes Afiuni. Al recibir información sobre la detención de Graterol, Vivanco expresó:

“Dado el abuso grotesco que sufrió su defendida, la Jueza Afiuni, no me sorprende que ahora las autoridades venezolanas vayan contra el Dr. José Amalio Graterol. Es difícil concluir que esto no sea una retaliación, similar a la cual está siendo sujeta la Jueza Afiuni, por adoptar una posición fuerte en defensa del debido proceso. De ser así, sería una nueva e inaceptable muestra de la dificultad de ejercer el derecho en un país sin independencia judicial.”