Dra Ana SantanderCon frecuencia se plantea el tema de si hay una obligación-deber, imperativo, -a fuerza somos redundantes-, del propietario del inmueble arrendado en vender al inquilino el inmueble que ocupa.

Pues bien, debemos responder en forma negativa, “nadie puede obligar a otro a vender”, salvo que se trate del caso de un multi-arrendador por más de 20 años.

Cuando el inquilino (Arrendatario) desea ponerse al día en el cumplimiento de su principal obligación contractual, a saber, el pago de los cánones de arrendamientos y el propietario del inmueble no desea recibirle los pagos o simplemente se desconoce su paradero, deberá acudir al procedimiento de Consignaciones Arrendaticias, previsto y sancionado en los artículos 51 al 57, ambos inclusive de la LAI.

Como habrá concluido nuestro Usuario, el procedimiento que de seguidas explicaremos, solo es aplicable al caso de los Locales Comerciales, no a las viviendas. En  tal sentido, pongamos un ejemplo: Se inicia el procedimiento por consignación, por X, representante legal de XX C.A. quién manifestó que es arrendatario de 2 locales comerciales ubicados en…como consta en el Contrato de Arrendamiento autenticado por ante la Notaría Pública…que conforme a lo establecido en el referido Contrato, el pago de los cánones lo había venido efectuando en la dirección del arrendador Z, quien a partir del mes…, se negó a recibirlo, razón por la que solicitó su consignación ante el Tribunal a quo, más lo que correspondía al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por orden del Juzgado del Municipio se admitió la referida solicitud de consignación de canon de arrendamiento, y se ordenó notificar a la Arrendadora de conformidad con el artículo 53 de la LAI, pero  qué ocurre si el solicitante actor interesado en la consignación, no aportó los datos de ubicación del arrendador, o  bien, no se le pudo localizar  al arrendador… ¿Qué ocurre en ese caso?, ¿Son válidas las consignaciones de arrendamiento?.

El novísimo  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,  Nº 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014, establece las causales taxativas para el desalojo de inmuebles destinados al uso comercial, por tanto, cuando el arrendador pretenda demandar al arrendatario de ésta especie de inmuebles, por supuestos de hecho diferentes a las señaladas en el citado Decreto, como por ejemplo, en caso de perecimiento de la cosa arrendada previsto en el artículo 1598 del Código Civil, debe acudir a la acción resolutoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1167 eiusdem. Así mismo, queda incólume la facultad que le asiste al arrendador para demandar el cumplimiento del contrato de arrendamiento y en ambos casos, los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. Por otra parte, considero que mal puede hablarse de desalojo sin que previamente exista una declaración de terminación de la relación contractual. Hubiera sido más correcto hablar de terminación del contrato de arrendamiento y al desalojo del inmueble.

eltiempo.com.ve,  Fabiana Renzullo

El 3 de octubre de 2014 la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia mediante la cual se autorizó a las autoridades a dar continuidad a los juicios de desalojo de viviendas

Apiur asegura que casos de inquilinato estuvieron paralizados por tres años

Caracas.- El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Carlos Calanche, le salió el paso a las recientes acusaciones hechas por las organizaciones de inquilinos sobre el incremento de las desocupaciones de viviendas registradas en los últimos meses.

La materia de arrendamientos urbanos en Venezuela está actualmente regida por tres leyes:

1ª) El alquiler de viviendas por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda publicada en Gaceta Oficial N° 6.053 extraordinario el 12 de noviembre de 2011; los locales de uso comercial por la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para uso Comercial publicada en Gaceta N° 40.418 el 23 de mayo de 2014; y las oficinas, inmuebles industriales, galpones, educacionales, consultorios médicos y otros usos por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios publicada en Gaceta N° 36.845 del 7 de diciembre de 1999. A esto hay que agregar que cada una de esas leyes fue redactada bajo la inspiración de filosofías completamente diferentes e incluso en algunos casos contradictorias y con objetivos también diversos.