Así como el manejo de bienes puede implicar la desincorporación  por deterioro, pérdida, obsolescencia o que no sean susceptibles de reparación, otra de las formas para optimizar los recursos es a través de la enajenación.

En efecto, no tiene sentido mantener unos activos que no reporten al ámbito local un aprovechamiento inmediato dentro de las filas de la administración, por lo que es factible venderlos siguiendo – lógicamente – unos requisitos técnicos.  Como toda actividad pública debe regirse por el Principio de Legalidad, la enajenación de bienes públicos no es la excepción.

Eduardo LaraAsí como el municipio requiere de un patrimonio para la realización de sus múltiples competencias, entendidas para efecto de estas líneas en bienes muebles e inmuebles, en ocasiones, estos llegan al fin de su vida útil o presentan gran menoscabo por uso excesivo por lo que deben cesar del servicio para el cual se asignan;  ejemplos válidos son las unidades de patrullaje de los cuerpos de policía o los vehículos para labores de aseo urbano y domiciliario,  los uniformes del personal obrero.  

Otras veces hay que sustituirlo por tecnología de avanzada, como podría ser el caso de equipos de telecomunicaciones o de computación.
En fin, para los casos en que los bienes exhiban deterioro, pérdida, obsolescencia o que no sean susceptibles de reparación, deberán desincorporarse; sin embargo, la condición o requisito principal es que imposibilite de manera permanente su utilidad. 

El Municipio requiere de un patrimonio para la realización de sus múltiples competencias; ello implica que los diversos bienes muebles o inmuebles deben ser cuidados, no solamente por los aspectos de gestión, como es el caso de los servicios públicos, sino también deben ser preservados para futuras generaciones, pudiendo mencionarse el caso de bienes culturales.

Es imperioso que el nivel local establezca los apartados presupuestarios para la conservación y mantenimiento de los bienes públicos que administra o custodia. 

Resulta frecuente ver grupos de trabajo en las calles, plazas, avenidas, instalaciones deportivas, entre otras,  de las ciudades;  en las que trabajadores, bien sea de la plantilla propia del Municipio o a través de contratistas, llevan a cabo diversas tareas.

Con la aprobación de la reforma  del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos (DLOBP, 2014), el cual modifica a un instrumento del mismo nombre del año 2012,  se regulan algunos contratos que celebren las entidades públicas referidas hacia sus bienes, entre los que se incluye el arrendamiento - que deben ser tomados en cuenta – adicionalmente a  leyes, como el Código Civil Venezolano (1982), Código de Comercio Venezolano (1955), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley (Orgánica) contra la Corrupción (2014), Ley Orgánica de la Contraloría y Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), entre otros.

El  DLOBP crea un Sistema de Bienes Públicos integrado por el conjunto de principios, normas, órganos, entes y procesos que permiten regular, de manera integral y coherente, la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos.
Está conformado por la Superintendencia de Bienes Públicos, como órgano rector; los máximos jerarcas de los órganos y entes públicos (República, estados, distritos, municipios, representantes de los entes) a que se refiere la Ley; las Unidades de Administración y Custodia de Bienes Públicos de los órganos y entes públicos, como responsables patrimoniales.  

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

El arrendamiento es uno de los contratos más utilizados para el desarrollo de distintos tipos de actividades; se usa para cometidos residenciales, empresariales o comerciales, por ejemplo.

Es definido por el Código Civil Venezolano (1982) como un  contrato por medio del cual uno de los contratantes denominado arrendador se obliga a hacer gozar al otro contratante denominado arrendatario de una cosa mueble o inmueble mediante el pago de una cantidad de dinero (canon) y, generalmente, durante cierto tiempo.
Lo primero que hay que señalar es que  la competencia en materia de arrendamientos está atribuida al Poder Nacional.