Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Basado en la habilitación legislativa otorgada al Presidente de la República en vigencia para el año 2012, se aprobó un Decreto con rango, valor y fuerza de Ley sobre Acceso, Información e Intercambio de Datos y Documentos entre los órganos y entes públicos (DLAIIDD, 2012).

Este instrumento tiene por objeto establecer las bases y principios que regirá el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes públicos, con el fin de garantizar la implementación de un estándar de interoperabilidad. 

Los municipios se encuentran incluidos para su aplicación,  tanto órganos como entes.

El solo enunciado conlleva a indicar que se relaciona con diversos aspectos, bien sea de las entidades públicas entre sí como los ciudadanos, dado que implica la posibilidad de manejo de información sobre las personas; dentro de los que se podrían enunciar se encuentran el derecho a estar informados; derecho a elevar peticiones y obtener oportuna respuesta; derecho a la privacidad, honor y decoro; derecho a obtener servicios de calidad, entre otros.
Por otra parte, hay conceptos como la seguridad y soberanía, telecomunicaciones, servicios públicos, tributación, antecedentes penales o policiales, información patrimonial de las personas, secretos industriales o de elaboración de productos, sanciones (multas), entre otros, que se entrecruzan al legislar sobre esta materia.

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Tras la delegación legislativa conferida al Presidente de la República se aprobó un Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Turismo (DLOTUR) durante el año 2014.

Sustituye a otro instrumento de idéntica denominación del año 2012.

Mantiene de su antecesor conceptos como el orden público, concibiéndose como competencia del Poder Nacional, siendo de las denominadas concurrentes para los ámbitos estadales y municipales; establece como órgano rector al Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, y un ente ejecutor: Instituto Nacional de Turismo (INATUR).

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Como materias objeto de la transferencia progresiva que debe realizar los órganos del Poder Público se encuentran, de acuerdo con el texto normativo objeto de estas líneas, la gestión y administración comunitaria y comunal de servicios, actividades, bienes, recursos en las siguientes materias:
1.    Atención primaria de salud.
2.    Mantenimiento de centros educativos.
3.    Producción de materiales y construcción de vivienda.
4.    Políticas comunitarias de deporte y mantenimiento de instalaciones deportivas.
5.    Actividades culturales y mantenimiento de instalaciones culturales.
6.    Administración de programas sociales.
7.    Protección del ambiente y recolección de desechos sólidos.
8.    Administración y mantenimiento de áreas industriales.
9.    Mantenimiento y conservación de áreas urbanas.
10.    Prevención y protección comunal.
11.    Construcción de obras comunitarias y administración y prestación de servicios públicos.
12.    Prestación de servicios financieros.
13.    Producción y distribución de alimentos y de bienes de primera necesidad.


Para ello deberán debe someterse a la realización de convenios. Sin embargo, no parece un asunto tan fácil – a primera vista  -

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Me preguntaban en una actividad académica acerca de cómo se calcula el Impuesto sobre la Renta para las entidades municipales, habida cuenta que perciben ingresos por varias vías.

Lo primero que hay que acotar es la existencia del Principio de Inmunidad Fiscal, el cual establece  una exención para las entidades públicas.
En efecto, las distintas versiones de la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISLR), siendo la más reciente la del año 2014, producto de la temática habilitante; se encuentra prevista una norma que impide a la Administración Tributaria Nacional hacer actuaciones sobre los ingresos que reciban los municipios. Esto también opera en sentido recíproco.

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Por cuanto la realidad municipal varía de un lugar a otro, no todos los ámbitos locales se caracterizan por tener predominio de usos residenciales o comerciales; puede ocurrir que existan zonas industriales, las cuales deben tener regulaciones de aquellos.

Estos espacios contribuyen con la economía local, no solamente con lo atinente al empleo, sino también con la tributación y la economía, en diversos sectores; por ejemplo, cada uno de los poderes públicos – desde una perspectiva territorial - obtiene los impuestos, tasas y contribuciones aplicables.
Véase con el siguiente ejemplo.

Para el nivel nacional se generan por vía del Impuesto sobre la renta (ISLR), Impuesto al Valor Agregado (IVA); contribuciones como la prevista en materia de cooperación educativa (INCES) o seguridad social (FAOV, IVSS), entre otros.