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Categoría: Penal
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Un país en el cual la impunidad se constituye en regla general, transita por el camino de su desintegración

La muerte de Mónica Spear y su esposo, asesinados ante su hija de 5 años, una vez más ha traído al debate público la tragedia de la violencia y del desprecio a la vida que se ha convertido en signo siniestro del momento en que vivimos.

Mientras otros países han reaccionado ante el delito con políticas coherentes de Estado diseñando estrategias de prevención y de represión de la criminalidad y de rehabilitación de quienes han incurrido en hechos delictivos, Venezuela ha visto incrementarse los índices de inseguridad, de muertes y de violencia, a pesar de los múltiples planes de seguridad dados a conocer con pomposos nombres, pero sin resultados positivos o con muy pocos efectos visibles.

La muerte está a la vuelta de la esquina y nos hemos acostumbrado a convivir con la inseguridad como una compañera inseparable de nuestra vida. Los homicidios de las páginas de sucesos que se destacan no son pasionales, de enfermos mentales o producto de situaciones extremas que pueden presentarse.

No. Sencillamente, se mata por matar, se mata porque la vida no significa nada, se mata por demostrar que se tiene el dominio de un arma y de la calle, se mata por afirmar el poder que se ejerce en el grupo. Se mata, además, porque las muertes solo tienen el costo incalculable del inmenso dolor de una familia, la repercusión de un titular recogido con temor por algunos medios cuando las víctimas son reconocidas en el ámbito social o cuando la crueldad se sale de los moldes "ordinarios".

Las reacciones ante un hecho como el ocurrido la semana pasada, son siempre las mismas: "se hará una investigación exhaustiva" y "mano dura contra el hampa". Operativos policiales, despliegue de funcionarios, una nueva misión por la vida y la insistencia en que el problema es estructural, producto además de la ampliación que hacen los medios de comunicación.

El quid del asunto está en que, el paso del tiempo, la desidia, la rutina, el abandono institucional y la consecuencia terrible de la impunidad, ha producido la trágica situación que nos ha tocado vivir.

En Venezuela, simplemente, el crimen no tiene sanción. Y, sin duda alguna, una sociedad no puede subsistir sin sanciones por los hechos que afectan las bases mismas de la colectividad.

Y la impunidad, a su vez, tiene que ver con un aparato de justicia que no funciona porque sus órganos no tienen la capacidad para reaccionar por carencia de recursos humanos y materiales y porque no están a la altura de las circunstancias que exige Venezuela.

El problema de la impunidad que afrontamos, no se resuelve con decretos, con amenaza de graves sanciones o con mayores penas. Se trata -tan sencillo y tan complejo- que se sepa, se tome conciencia y efectivamente ocurra: que a la comisión de un delito siga un proceso justo en un término breve, que se demuestre la culpabilidad del autor y, de ser esto así, se imponga una sanción que en verdad se cumpla en un establecimiento digno que llene las expectativas de la función rehabilitadora.

Un país en el cual la impunidad se constituye en regla general, transita por el camino de su desintegración como comunidad organizada.

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