Por:  Alberto Arteaga Sanchez
Inhabilitación, degradación y Contraloría 

Las penas sólo las impone un juez y el contralor no lo es
Una vez más parece necesario referirse al tema de las inhabilitaciones políticas impuestas por el contralor general de la República a más de 400 ciudadanos que no podrían optar a cargos de elección popular, en aplicación -según él- del artículo 105 de la Ley de Contraloría.

Este exabrupto jurídico, atropello constitucional y violación manifiesta de los derechos políticos no puede quedar, en definitiva, subsumido entre las incidencias de una justa electoral. Están en juego principios, valores y normas que sustentan el sistema democrático.

Estimados amigos, aprovechamos la oportunidad para informarles que próximamente estarán ala venta las dos publicaciones "maximario penal" tanto el semestral (1er semestre 2008), como el temático (recursos), y
podrán ser adquiridos por medio de la Editorial "Vadell Hermanos" o en su librería jurídica de preferencia.

A continuación remitimos las máximas más resaltantes extraídas de las sentencias publicadas por la Sala Plena, Sala Constitucional y  Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, durante el mes de junio de 2008.


EL UNIVERSAL

La Comisión de Política Interior ya culminó el informe que elevará a la plenaria de la Asamblea Nacional, para la aprobación del instrumento legal en segunda discusión.

La modificación del texto, que comprende 13 artículos, incluye castigos contra los responsables del atraso de los procesos. El apartado 327 señala que "de no realizarse la audiencia dentro del plazo establecido, las partes podrán intentar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra aquel por cuya responsabilidad no se realizó".

Con la sanción del proyecto de reforma del Código Orgánico Procesal Penal, el Parlamento espera contribuir en la lucha contra el retardo de los juicios.


Alberto Arteaga Sánchez // Antejuicio: ¿Garantía o condena anticipada?

El régimen del COOP está derogado por incompatible con la nueva regulación

El ordenamiento jurídico venezolano prevé, como excepción al principio de igualdad ante la ley, la exigencia de que a determinados funcionarios públicos, en razón de sus funciones, no se le pueda llevar a juicio penal sin un previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud del Fiscal General, por el cual se determine que hay mérito para ello. De esta manera, se quiere proteger la función pública de acciones que obedezcan a motivaciones políticas que pongan en peligro la estabilidad institucional.


eluniversal.com
Fernando M. Fernández // Estricta legalidad

Hay que celebrar la derogatoria pero prepararse para el debate parlamentario
La ley penal es la más delicada en una democracia: debe cumplir con el principio de estricta legalidad penal. Esto es, debe ser una ley formal, estricta, escrita, pública, cierta y previa a los hechos, para poder tipificar un delito, establecer una pena o una medida cautelar y gozar de la constitucionalidad que la legitime.