Carlos Brender


El artículo 364 del Código de Procedimiento Civil, dice lo siguiente:
“Terminada la contestación o precluido el lapso para realizarla, no podrá ya  admitirse la alegación de nuevos hechos, ni la contestación a la demanda, ni la reconvención, ni la cita de terceros a la causa.”   

En este orden de ideas, conforme a la redacción de esta disposición legal, el principio de la preclusión ocurre, bien sea, por la presentación de la contestación, o bien, por el vencimiento del lapso previsto en el artículo 359 eiusdem, es decir, vencidos los veinte (20) días siguientes a la citación del demandado.

Ahora bien,  el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil, dice:
“La contestación de la demanda podrá presentarse dentro de los veinte días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fueren varios, a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192, sin necesidad de la presencia del demandante. En todo caso, para las actuaciones posteriores se dejará transcurrir íntegramente el lapso del emplazamiento.”

Como se observa, existe una colisión entre lo previsto en el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil y lo dispuesto en el artículo 364 eiusdem, en virtud de que, conforme a la primera disposición legal el principio de la preclusión viene dado por el transcurso del lapso previsto para la contestación de la demanda y, mientras que, según la segunda disposición legal, el principio de la preclusión viene dado por dos (2) supuestos de hecho,  bien sea, por la presentación de la contestación, o bien, por el vencimiento del lapso legal.

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Carlos BrenderLa dilación judicial constituye un problema para la administración de justicia. La falta de pronunciamiento por los órganos jurisdiccionales fuera de los lapsos previstos por la ley, constituye una violación directa a la Constitución. La justicia tardía no es justicia “iustitia moratus non iustitia”. “Nada se parece tanto a la injustica como la justicia tardía” (SENECA). El juez es el último garante de que se cumpla la ley; es decir, es la última resistencia para evitar que se abra paso a una tiranía de los poderes fácticos (MONTESQUIEU). El justiciable no puede estar sujeto al capricho del sentenciador para que éste decida cuando quiera o cuando pueda, sino cuando DEBA. La actividad jurisdiccional se derrumba como un castillo de naipes y lo hace inocuo, inútil e ineficaz cuando el justiciable no obtiene oportuna y adecuada respuesta.

Existen varios factores que inciden en la dilación judicial, entre otros:

Consideraciones técnico juridicas sobre el fax como prueba en procesos judiciales. Tipos de experticias sobre fax, grafotécnica, informática y de informes.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 20 de marzo de 2006, caso: Teodoro de Jesús Colasante Segovia en revisión, con ponencia del magistrado: Jesús Eduardo Cabrera Romero, exp. nº 05-2216, sostuvo lo siguiente:

“…omissis… En este orden de ideas, de la doctrina casacionista transcrita precedentemente, vigente para la oportunidad en que se propuso la presente demanda, se desprende que la indexación debe ser solicitada dentro del proceso cuando éstos versen sobre derechos o intereses privados y disponibles. Ahora bien, es sabido en el foro que la indexación es una pretensión subsidiaria; es decir, siempre depende de la principal cuyo cumplimiento demanda el accionante, cuando se haya solicitado expresamente y la pretensión del demandante sea declarada con lugar. Esto dicho en otras palabras significa que, no existe indexación como pretensión autónoma o principal, dado que -como se dijo- su naturaleza es siempre de carácter subsidiario, dependiente de la declaratoria o procedencia del cumplimiento de la obligación dineraria que se reclama, por lo que es imposible su pretensión en juicio autónomo donde lo que únicamente se reclame sea el pago de cantidades de dinero por concepto de indexación, cuestión esta que acarrearía que la acción que se intentase con esas características sea declarada inadmisible, tal como acontece en el caso bajo análisis.(subrayado del texto)
…omissis…

El poder adquisitivo de la moneda es algo inherente o intrínseco a ella, representa su real valor y como tal no tiene que ver ni con daños y perjuicios, ni con intereses devengados o por vencerse, ya que la indemnización de daños y perjuicios se calcula para la fecha de su liquidación judicial, con el valor que tenga para esa fecha, y la tasa de interés -con sus posibles fluctuaciones- nada tiene que ver con el valor real de la moneda.

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