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En el segundo día del Congreso Internacional "10° Aniversario de la Sala Constitucional" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el magistrado Arcadio Delgado Rosales, en su intervención explicó, previo recorrido histórico por los avances de la Carta Magna, que en la Constitución de 1999 se elevó a rango constitucional el control difuso contemplado en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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Según declaró Hernan Pacheco Alviarez, presidente del Tribunal Disciplinario Judicial en las Jornadas de Presentación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial

Ana Cecilia Zulueta, jueza principal de la Corte Disciplinaria Judicial, presentó su ponencia "Ética y Revolución Bolivariana", relacionada con la refundación ética y moral que se inserta dentro del proceso actual, y por ende, en el Poder Judicial como Institución.

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Proponen vigilancia y supervisión de actuaciones de los jueces y fiscales del Ministerio Público

El presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos (FUNGAPDEHCA), Luis Rafael Escobar Ugas, informó que consignó en el Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley de la Contraloría Judicial, Penal y Civil, a fin de que sea evaluado.

eud.com, JUAN FRANCISCO ALONSO
Las conocidas popularmente como "vacaciones judiciales" fueron aprobadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en su reunión de ayer. Así lo informaron magistrados que participaron en ella, los cuales aseguraron que durante la suspensión de actividades las causas pendientes no se retrasarán, pues habrá jueces que permanecerán de guardia para atender asuntos urgentes.

¿Cuándo podríamos pensar que un determinado proceder se realiza defraudando a la ley?

Para llegar a tal manera de pensar y emitir un pronunciamiento en torno al comportamiento que motiva tal inquietud, ciertamente debe desplegarse una actividad valorativa del hecho que se pretende enjuiciar y ello dentro del marco de la ley que se considera defraudada. En nuestro caso se trataría de valorar si la tarjeta o asignación por Diez Mil Bolívares (Bs. 10,000,00) acordada a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia constituye un proceder en fraude a la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público (en adelante, a veces, Ley de Emolumentos).