ministeriopublico.gob.ve, A partir del lunes 13 de agosto, se pondrá en funcionamiento la línea telefónica 0800-CARROMP (2277667), a fin de que los ciudadanos obtengan la información necesaria

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que desde este viernes 10 de agosto, en el portal web del Ministerio Público (www.ministeriopublico.gob.ve) aparecerá la lista de todos los vehículos que han sido recuperados y que se encuentran en los distintos estacionamientos del país.

Abogados representantes de la demandante: José Luis Tamayo Rodríguez y Theresly Malavé Wadskier, ante la Sala Constitucional

Ciudadanos
Presidente y demás Magistrados de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia.
SU DESPACHO.-

Nosotros, JOSÉ LUIS TAMAYO RODRÍGUEZ y THERESLY MALAVÉ WADSKIER, venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Caracas, abogados de profesión, inscritos en el Instituto de Previsión del Abogado bajo los N°. 17.744 y 30.627, respectivamente, y titulares de las Cédulas de Identidad Nºs. V-5.135.050 y V-6.179.617, en ese mismo orden, procediendo en este acto en nuestro propio nombre como ciudadanos venezolanos y profesionales del derecho, al igual que en nuestro carácter de Directores Ejecutivos de la Asociación Civil sin fines de lucro “JUSTICIA Y PROCESO VENEZUELA” (“JUYPROVEN”), inscrita en fecha 8 de febrero de 2010, por ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el N° 47, folios 246, Tomo 3, del Protocolo de Transcripción de 2010 cuya Acta Constitutiva-Estatutaria acompañamos en copia marcada “A”, con domicilio procesal a los efectos de esta acción en la siguiente dirección: Edificio Torre La Oficina, Piso 2. Oficina 2-5, Esquinas de Camejo a Colón, al lado del Pasaje Zingg, El Silencio, Caracas, Municipio Libertador, Telfs. 564-89-39, 564-53-14 y 564-25-61 (Fax), correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., ocurrimos ante ustedes, con el respeto y acatamiento debidos, para interponer la presente DEMANDA DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, dictado por el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros el día 12 de junio de 2012, distinguido con el N° 9.042, y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.078 Extraordinario del 15 de junio de 2012, que acompañamos en original marcada “B”, y lo hacemos en los términos contenidos en los siguientes Capítulos del presente libelo.

Ciudadanos
Magistrada Presidente y demás Magistrados Miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Su Despacho.

Asunto: Recurso de Nulidad Parcial del Código Orgánico Procesal Penal publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.078 del 15-6-12, conjuntamente con Medida Cautelar.

Yo, Ángel Zerpa Aponte, abogado, V-6.525.457, profesor universitario tanto en Derecho Procesal Penal, como en Derecho Penal, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello, y en otras universidades,inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 23.883, acudo ante esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia, en mi propio nombre, para interponer el presente Recurso de Nulidad Parcial contra el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal (a partir de ahora, a denominarse en este Recurso, "COPP-2012"), hecho publicar mediante el Decreto N° 9.042 de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.078, del 15 de Junio de 2012, Código éste cuyo carácter Orgánico fue declarado Constitucional por la Sentencia N° 795 del 15-6-12, de esta Sala. La interposición de este Recurso de Nulidad Parcial se sustenta en el Numeral 1 del Artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el Numeral 1 del Artículo 25, y el Artículo 130, éstos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, consciente de su ineludible deber de velar por el Estado de Derecho y de Justicia proclamado en la Constitución de 1999, celosa garante de los derechos humanos, estima necesario expresar su más enérgico rechazo a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal aprobada por Decreto-Ley, en razón de una ley habilitante que, en forma alguna, puede justificar la aprobación de normas que regulan la libertad de los ciudadanos, materia que no puede quedar en manos del Ejecutivo,  al margen de la consulta y de la pluralidad política que constituyen garantías de los actos que emanan de la Asamblea Nacional.

Buena parte de los aspectos que se han anunciado como posibles modificaciones del Código Orgánico Procesal Penal, son flagrantemente violatorios de principios constitucionales y representan igualmente un importante retroceso en relación a las garantías del moderno sistema acusatorio, cuya plena implementación en 1999 significó un gigantesco avance dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

En primer término, si existiera un verdadero Estado de Derecho en Venezuela, el Presidente no pudiera reformar el COPP mediante la utilización de una Ley Habilitante,