Por: Abogado Eduardo Lara Salazar (*)


Con la aprobación de la Constitución de la República en 1999, se produjeron modificaciones legislativas en la regulación de las aguas en Venezuela.

En efecto, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Aguas (2007), Ley Orgánica del Ambiente (2006), la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (reformada en 2007), entre otras; vía habilitante, el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Bosques y Gestión Forestal (2008), por ejemplo.

Se volvió al esquema anterior en materia de ordenación territorial y urbanística, tras no entrar en vigencia las modificaciones que modifica la legislación preexistente (2005), que data de los años 1983 y 1987, respectivamente.

Ahora bien, cabe preguntarse a quién le compete la prestación de los servicios en materia de agua potable.

La respuesta se encuentra en el Texto Fundamental, cuando establece que corresponde al Poder Público Nacional (artículo 156, numeral 16) el régimen de las aguas; el de los servicios públicos domiciliarios y, en especial, agua potable (artículo 156, numeral 29); la legislación sanidad, ambiente, aguas (artículo 156, numeral 23).

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