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Gobierno Nacional de Venezuela promulgó Ley Orgánica de Drogas

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, crearán centros de rehabilitación y núcleos de Desarrollo Endógeno en áreas adyacentes a los centros penitenciarios para que las internas y los internos puedan ejercer el derecho al trabajo y recibir los beneficios de esta ley.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó este miércoles, durante el Consejo de Ministros, que se desarrolló en el Palacio de Miraflores, la Ley Orgánica de Drogas que fue sancionada por la plenaria de la Asamblea Nacional durante la sesión ordinaria del pasado 18 de agosto.

La normativa tiene como finalidad establecer las medidas de control, vigilancia y fiscalización, en el territorio nacional, a que serán sometidos los estupefacientes, sustancias psicotrópicas, químicas; fabricación ilícita de drogas; delitos y penas relacionados con el tráfico ilícito de drogas; las infracciones administrativas y sus respectivas sanciones.

El primer mandatario nacional explicó que el nuevo documento legal sustituye la antigua Ley Orgánica Contra Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. “Me parece muy bien que la Asamblea Nacional cambiara no sólo el nombre, ahora se llama Ley Orgánica de Drogas, sino que también hizo reformas importantes”.

En esta ley se crea el Sistema de Tratamiento de Personas con Adicciones, eso es para convertirlo ya en un programa y, para ello, se requiere todo un programa de eventos, decisiones, obras y capacitación, aseveró Chávez.

Destacó la importancia de que se incremente la pena para las personas que cometen delitos en materia de narcotráfico, estrategia que aplica el Gobierno Revolucionario para luchar y combatir este flagelo del tráfico ilícito de drogas.

El ministro del poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, indicó que la nueva ley tiene avances fundamentales e importantes, entre ellos: la venta anticipada de los bienes de difícil administración incautados por drogas; se crea el Servicio Nacional de Bienes Incautados de Drogas; nacen los tribunales especiales para atender los delitos por drogas y el Sistema de Tratamiento de Personas con Adicción y otros.

Adicionalmente, ratificó el incremento de la pena para las personas vinculadas al narcotráfico, lo que hoy nos coloca como país de referencia en el contexto de la lucha contra el narcotráfico gracias a las políticas exitosas que hemos logrado en esta materia.

En base a lo anterior, el presidente Chávez insistió en que cada ley debe convertirse en un conjunto de programas y planes. “Debemos buscar y rebuscar aquí (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), porque hay un potencial muy grande que nosotros aún no hemos desarrollado en función del proyecto socialista, de la instrucción de la Venezuela de iguales, en terrenos económico, social, político, territorial e internacional”, puntualizó.

El instrumento legal dictamina que el Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Oficina Nacional Antidrogas incluirán en el pensum académico programas educativos relacionados con la prevención y consumo de drogas en las instituciones de educación primaria, secundaria y superior. Deberán diseñar, promover y ejecutar campañas institucionales dirigidas a los consejos comunales, representantes de los educandos y población en general.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, crearán centros de rehabilitación y núcleos de Desarrollo Endógeno en áreas adyacentes a los centros penitenciarios para que las internas y los internos puedan ejercer el derecho al trabajo y recibir los beneficios de esta ley.

Asimismo, en los centros de rehabilitación se implementarán los programas educativos contemplados en las misiones educativas, con el fin de que los internos puedan realizar o continuar sus estudios.

Por otra parte, las instituciones del Estado como empresas públicas y privadas con un número mayor de 50 trabajadores, están obligadas a proporcionar trabajo a las personas rehabilitadas, esto como parte del proceso de reinserción en la sociedad.

Texto: María Alejandra Brito / Prensa AN

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