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ELNACIONAL.COM, Autor: Héctor Faúndez Ledesma
En una sentencia reciente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) critica la preparación de los abogados, y llama la atención sobre la indiscutible responsabilidad de las universidades y de los profesores de Derecho en la formación de aquellos. in duda, éste es un asunto del mayor interés público, que repercute negativamente en la calidad de la administración de justicia, y que no podemos seguir eludiendo.....

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EL NACIONAL - JUEVES 28 DE FEBRERO DE 2002

Opinión

El TSJ y la formación de los abogados

Héctor Faúndez Ledesma

En una sentencia reciente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) critica la preparación de los abogados, y llama la atención sobre la indiscutible responsabilidad de las universidades y de los profesores de Derecho en la formación de aquellos. Sin duda, éste es un asunto del mayor interés público, que repercute negativamente en la calidad de la administración de justicia, y que no podemos seguir eludiendo. Son los abogados que gradúan nuestras universidades los que acceden al Poder Judicial y al Ministerio Público, y son ellos quienes, de una u otra forma, intervienen en la redacción de las leyes y en la administración de justicia. Sin embargo, es de hacer notar que esa severa advertencia del TSJ se refiere exclusivamente a la falta de habilidad de los abogados para escribir correctamente; aunque parezca extraño, en ella no se subraya la importancia de la formación ética, ni mucho menos de la formación profesional.

 

Esa deficiente preparación de algunos abogados, que actualmente se refleja en los más altos niveles de los poderes públicos, no es producto del azar. Es el resultado de múltiples factores, entre los que sobresale la mala calidad de la enseñanza pública a nivel primario y secundario, que en muchos casos ni siquiera ha servido para formar individuos capaces de expresarse adecuadamente. Además, debe observarse que la falta de planificación en el sector universitario ha permitido la proliferación descontrolada de universidades privadas, poniendo más énfasis en la cantidad que en la calidad de los profesionales universitarios, sin tener en consideración las necesidades del desarrollo nacional. Con lo anterior, no pretendo exonerar de responsabilidad a los profesores de Derecho, que muchas veces carecen de la experiencia y de la formación académica indispensables para asumir tan importante tarea, ni es mi intención eximir de responsabilidad a las universidades públicas o privadas, que deberían brindar mayor atención a los criterios de selección tanto de sus profesores como de sus alumnos.

No podemos ocultar la magnitud del problema denunciado por la Sala Constitucional, pues algunos de esos malos abogados son responsables de la redacción de leyes recientes, y otros tienen en sus manos decisiones trascendentales para el país. En materia gramatical, que es lo que le preocupa al TSJ, basta con señalar que, en sus propias sentencias se han deslizado muchos errores de este tipo. Entre ellos cabe mencionar el uso innecesario de anglicismos (tal como mass media), en desmedro de nuestro idioma oficial, el uso inapropiado de las mayúsculas (en expresiones como: “un Interés jurídico actual”, “la Exposición de Motivos”, “el Derecho a la libre expresión del pensamiento”, “declara SIN LUGAR el recurso”, o cuando se señala que una de sus sentencias ha sido dada, firmada y sellada “a los (01) (¿?) del mes de FEBRERO del año 2001”), el uso incorrecto de los signos de puntuación, dificultando la comprensión de lo que se desea expresar, y no pocos errores ortográficos. Incluso, en la misma sentencia objeto de este comentario se indica que se observa, “con gran sorpresa, como (sic) la abogado..., en un escrito de menos de dos páginas,” incurre en más de 48 errores gramaticales. Seguidamente, la sentencia hace referencia a “un Sistema (sic) de Justicia (sic) conformado por profesionales de (sic) derecho (sic) con la calidad y capacidad suficiente (sic) para analizar, expresar (sic) y decidir (sic) los términos de las leyes que soportan (sic) la justicia venezolana”. Esa afirmación es evidente por sí sola. ¿Cómo estar en desacuerdo? Pero lo que hace a un abogado no es solamente el uso apropiado del lenguaje y su capacidad para expresarse correctamente. Lo esencial es una sólida formación jurídica, y una rectitud de propósitos que no haga de la nuestra una profesión envilecida, en la que la moral no tiene lugar. En tal sentido, un tribunal que ha desarrollado la doctrina de la transitoriedad, que más de una vez ha confundido la función de juzgar con la de legislar, que ha dado al traste con el principio de la cosa juzgada, y que reiteradamente ha pasado por encima del texto expreso de la Constitución, no ha demostrado ninguna solvencia profesional. Pero lo más grave es que el TSJ ha renunciado a servir de contrapeso a los otros poderes públicos, pues parece estar más interesado en respaldar un proyecto político que en aplicar correctamente el Derecho; además, algunos de sus integrantes no han tenido ningún rubor en decidir controversias en las que tienen un interés directo, incluyendo su exoneración de los requisitos constitucionales para ser magistrado del TSJ.

Las universidades no pueden graduar, en forma irresponsable, a quienes no reúnan las condiciones de idoneidad y solvencia necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado. A los profesores de Derecho nos corresponde dotar a los estudiantes de los conocimientos y de las herramientas indispensables para el ejercicio profesional; pero son los jueces quienes, dando ejemplo de sabiduría y rectitud, tienen el deber de darle un sentido ético y social a la profesión de abogado.