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Allan R. Brewer-Carías
CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA
Mediante decreto No. 2.323 de 13 de mayo de 2016,1 el Presidente de la República, al decretar un estado de excepción y de emergencia económica, le ha terminado de dar un golpe definitivo a la Constitución, al usurpar totalmente la potestad de legislar, despojando a la Asamblea Nacional de su función esencial, y al suspenderle a la misma los poderes de control que aún no le había cercenado la Sala Constitucional en materia de autorizaciones legislativas de créditos adicionales al presupuesto y para la celebración de contratos de interés nacional.2
Leer más: Usurpación de la función de legislativa y suspensión de poderes de la AN
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Asamblea nacional solicitó a presidente de la República presentación de partida de nacimiento y prueba de no tener doble nacionalidad
Descarga la solicitud de AN
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tsj.gov.ve, 11 de febrero 2016
EN SALA CONSTITUCIONAL
"Sentencia que interpreta los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (publicada en la Gaceta Oficial n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001) y declara que el Decreto n.° 2.184, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario, del 14 de enero de 2016 que declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental"
"...V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Los demandantes, identificados como miembros de distintos Consejos Comunales, Comunas y otros movimientos sociales de organización popular, solicitan a esta Sala Constitucional, la interpretación de los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (publicada en la Gaceta Oficial n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001); la cual surge en el marco de la actual situación económica que existe en el país y, según señalan, los afecta como integrantes del pueblo venezolano.
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LA INCONSTITUCIONAL Y DELICTIVA SENTENCIA DE LA SALA ELECTORAL PRETENDIENDO “SUSPENDER” LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS EL ESTADO AMAZONAS ES INEJECUTABLE
Allan R. Brewer-Carías
Profesor de la Universidad Central de Venezuela
I
El texto de la esperada y clandestina sentencia N. 260 del 30 de diciembre de 2015 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, publicada a mediodía del 4 de enero de 2015,1 que fue dictada el día anterior, 29 de diciembre de 2014 con ocasión de la demanda intentada por Nicia Marina Maldonado Maldonado contra el acto de votación de las elecciones de diputados efectuadas en el Estado Amazonas el día 6 de diciembre de 2015; confirma la tremenda irresponsabilidad e ignorancia de quienes la redactaron, lo que abona aún más la tesis de que la nueva Asamblea Nacional no puede dejar de revocar las inconstitucionales designaciones de los magistrados que integran dicha Sala.2
Por el texto de la sentencia, en efecto, al fin, cinco días después de haber sido “dictada,” los venezolanos pudieron constatar no solo la magnitud de la ilegalidad cometida por los irresponsables “jueces” que integran la Sala Electoral al dictar la sentencia, sino a través de la misma, conocer, primero, el texto de la demanda que la motivó, intentada por una “candidata a Diputada de la Asamblea Nacional por el estado Amazonas, postulada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otras organizaciones,” quien por supuesto no salió electa; y segundo, el objeto de la misma intentada contra “el acto de votación” de dichas elecciones parlamentarias, siendo la solicitud formulada que:
“se anule la elección de los cargos a diputados a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas, que implica:
i) el acto de votación;
ii) el acto final de
escrutinio;
iii) el acto de totalización; y
iv) el acto de proclamación de los ganadores de los curules correspondientes.”
II
Es decir, la sentencia se dictó con ocasión de una demanda de nulidad de las elecciones parlamentarias efectuadas en el Estado Amazonas el 6 de diciembre pasado, la cual, de declararse con lugar, conforme al artículos 170 de la misma Ley Orgánica sobre los Procesos Electorales, implicaría que el Consejo Nacional Electoral tendía que convocar “un nuevo proceso electoral” en el Estado. Precisamente por esta consecuencia que tendría legalmente una declaratoria de la nulidad de una elección, el artículo 215 de la Ley Orgánica sobre Procesos Electorales es tan preciso en establecer las causas de nulidad de una elección, que solo pueden ser:
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