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Rafael Arístides Rengifo Camacaro, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo
El magistrado Rengifo propone crear un nuevo juzgado que esté por encima del Supremo y que sea el garante de la Constitución.
Leer más: "Con la reforma debe crearse un tribunal constitucional"
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En la anunciada reforma constitucional, unos de los temas de mayor relevancia que se ha mencionado, es la reforma del derecho de propiedad. Es necesario hacer varias consideraciones que no pueden dejarse de tomar en cuenta en esa actividad legislativa.
El derecho de propiedad está regulado por los siguientes convenios internacionales, suscritos por Venezuela: 1.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948, establece que "Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad." ...
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¿Paradoja o hipocresía mayor?
La protesta ciudadana es por la destrucción de áreas verdes consolidadas y bien protegidas, que junto a La Carlota y Fuerte Tiuna constituyen la última oportunidad que tiene Caracas para desarrollar espacios abiertos con calidad ambiental, que amplíen la oferta existente en los parques del Este y el Oeste, Los Chorros, Caricuao, el Avila, Los Caobos y Jardín Botánico, insuficiente para oxigenar la vida de más de 4 millones de almas.
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En esta ocasión pretendemos explorar desde un punto de vista científico y académico las relaciones y las fronteras entre el derecho constitucional y el derecho privado. En nuestra página web www.andresbello.org encontrarán mayores informaciones sobre el evento y su propuesta científica.
Leer más: Congreso Internacional-Constitucionalización del Derecho Privado- Bogota
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El sistema expropiatorio establecido en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, comprende tres fases: la fase administrativa, la fase amigable y el juicio expropiatorio.
En este artículo desarrollaremos la fase administrativa, la cual comprende dos etapas:
1.- Una etapa previa la cual se denomina “Declaratoria de Utilidad Publica”, en la cual la Asamblea Nacional, los Consejos Legislativos de los estados o los Concejos Municipales, declaran “que una obra es de utilidad pública”, a los efectos de que sean expropiados los inmuebles necesarios para su desarrollo. Se exceptúan de esta formalidad de la declaratoria previa de utilidad pública las construcciones de ferrocarriles, subterráneos, caminos, edificaciones educativas o deportivas, entre otras señaladas por el mismo instrumento legal.
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