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Sobre las inhabilitaciones políticas

Por: Alberto Arteaga Sánchez

El Contralor General de la República, a fines del pasado año, hizo pública una nueva lista de inhabilitaciones políticas por aplicación del art. 105 de la Ley de Contraloría.

El tema, por lo demás, planteado ante la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, debe ser de nuevo aclarado, máxime ante la proximidad de unas elecciones en la que se impedirá participar en ellas a los inhabilitados políticos por el Contralor.

Al respecto, aunque ya en otras oportunidades he opuesto mi opinión, debe quedar en claro que la inhabilitación política es una pena, por lo demás, accesoria a la pena de presidio o de prisión, sanciones penales que solo pueden ser impuestas por un juez penal en una sentencia firme.

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