DESACIERTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO EN SALA CONSTITUCIONAL

El Tribunal Supremo de Justicia, procediendo en Sala Constitucional viene hace apenas escasas horas de emitir un fallo que merece ser comentado aun de manera comprimida, gracias a la serie de incoherencias y contradicciones que de su contenido emergen.

El TSJ, destituyó y envió a la cárcel al Alcalde de San Diego, el ciudadano Enzo Scarano en un “proceso” desarrollado en horas...

Ahora bien, existe un fallo; específicamente el N° 74, emitido el 24 de enero de 2002, según el cual la Sala Constitucional determinó que:

"El incumplimiento de un mandamiento de amparo es un delito de acción pública, por lo tanto corresponde, exclusivamente, al Ministerio Público ejercerla".

Esta posición jurídica ha sido ratificada en fallos como aquél (662) emitido el 02 de abril de 2003; e igualmente, el (532) del 5 de abril de 2005. En dichas decisiones quedó sentado, que apenas se constate el desacato a un amparo ha de ser notificado el Ministerio Público para que inicie la investigación del caso y determine la procedencia o no del enjuiciamiento del presunto responsable.

 Reflexiones sobre lo innecesario de crear un documento de identidad del racionamiento de alimentos.
¿Por que La cédula no sería suficiente?

Pareciera un cuestión sin relevancia o importancia. Sin embargo, estoy convencido de que, ciertamente, la pregunta lleva a serias consideraciones.

Se me mantiene la duda al intentar responderla, y me lleva a considerar algunos principios o fundamentos para llegar a una respuesta.

Muchas personas, incluyendo honorables y eméritos abogados, han alegado  y muy especialmente en los actuales momentos, que para manifestar no se necesita permiso y se fundamentan en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y dicen: la constitución claramente estipula que toda persona tiene el derecho de manifestar. Algunos más osados hasta llegan a clasificarlo como “derecho humano fundamental”. Así lo han expresado, sin reserva, en los medios de comunicación, y muy especialmente al hacer convocatorias a manifestaciones públicas.

Dra. Juditas Delany TorrealbaGeneralidades

En los últimos días, ante las diferentes manifestaciones por parte de los diversos sectores de la sociedad y la respuesta gubernamental, se ha suscitado un caos rotundo que ha dejado de lado la rutina normal de millones de venezolanos que día a día ejercían diversas actividades. Existe en términos generales, un ESTADO DE EXCEPCIÓN DE CONMOCIÓN INTERIOR, que ha afectado al orden público, y ha generado enfrentamientos entre dos sectores de la población: los afectos al gobierno y los contrarios a él;  pero así como existen errores terminológicos usados con ligereza,  no sé si como un mecanismo de amedrentamiento o por ignorancia, el oír de nuevo en la población que hablan con cierto temor de “estados de sitio”  o  “toques de queda” , o de otra manera, ser testigo de cómo se cataloga a un “ESTADO DE EXCEPCIÓN” como lo peor que puede suceder, y al escuchar también, las amenazas que sobre el mismo se hacen,  me lleva a pensar que existe falta de conocimiento sobre los avances que trajo consigo la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE) del año 2001 y la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Del Estado de Emergencia al Estado de Excepción

En una nota de prensa publicada por el diario Últimas Noticias y reproducida con información adicional e igualmente falsa por el Sistema Bolivariano de Información y Comunicación (SIBCI), se hace referencia a una supuesta declaración del Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDHUCAB)
para restar importancia a las graves denuncias de voceros del Foro Penal en torno a tortura de
personas detenidas en Valencia, estado Carabobo.

Al respecto es necesario aclarar:

1. El CDH-UCAB no tuvo contacto directo con los detenidos en Valencia, estado Carabobo, por lo que no puede confirmar ni negar estas denuncias que, por su gravedad, requieren una investigación por parte de las autoridades, de manera independiente, sin intimidación ni retaliaciones contra las víctimas ni denunciantes, sin descalificaciones a priori, y siguiendo los estándares internacionales que obligan a Venezuela como país parte de la Convención Internacional contra la Tortura.