@Monifernandez y @RaymondOrta analizan la sentencia del TSJ sobre la solicitud de permiso para protestar

tsj.gov.ve
Operó de pleno derecho

La Sala Constitucional, en ponencia conjunta, interpretó el sentido y alcance del artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que se refiere a la aceptación de una actividad de representación (sea permanente o alterna), indistintamente a su tiempo de duración, ante un órgano internacional por parte de un Diputado o Diputada a la Asamblea Nacional que está desempeñando su cargo durante la vigencia del período para el cual fue electo, y su incompatibilidad con dicha función legislativa, ello en función de la pérdida de la investidura de la diputada María Corina Machado.

En una bochornosa sesión parlamentaria signada por los improperios y las acusaciones propias de un tribunal de la Inquisición, la Asamblea, en decisión tumultuaria, con gritos y consignas políticas, acordó dirigirse a la Fiscalía para solicitar el antejuicio contra la diputada María Corina Machado con la determinación ya tomada de allanarle la inmunidad una vez que la Fiscal presente su querella, lo que se da por descontado, al igual que la declaración de méritos para enjuiciarla, siguiendo el camino de otros representantes del pueblo, tratando de borrar su presencia en el Parlamento, pero no su actuación en la calle.

El encabezamiento del artículo 68 de la Constitución, establece lo siguiente:
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”.

Por su parte, el artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Políticas y Manifestaciones, señala lo siguiente:
“Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por escritos duplicados, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persigue.
Las autoridades en el mismo acto del recibo de la `participación deberán estampar  en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora.”. (negrillas nuestras)

DESACIERTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO EN SALA CONSTITUCIONAL

El Tribunal Supremo de Justicia, procediendo en Sala Constitucional viene hace apenas escasas horas de emitir un fallo que merece ser comentado aun de manera comprimida, gracias a la serie de incoherencias y contradicciones que de su contenido emergen.

El TSJ, destituyó y envió a la cárcel al Alcalde de San Diego, el ciudadano Enzo Scarano en un “proceso” desarrollado en horas...

Ahora bien, existe un fallo; específicamente el N° 74, emitido el 24 de enero de 2002, según el cual la Sala Constitucional determinó que:

"El incumplimiento de un mandamiento de amparo es un delito de acción pública, por lo tanto corresponde, exclusivamente, al Ministerio Público ejercerla".

Esta posición jurídica ha sido ratificada en fallos como aquél (662) emitido el 02 de abril de 2003; e igualmente, el (532) del 5 de abril de 2005. En dichas decisiones quedó sentado, que apenas se constate el desacato a un amparo ha de ser notificado el Ministerio Público para que inicie la investigación del caso y determine la procedencia o no del enjuiciamiento del presunto responsable.