Producto de las reuniones de los viernes en la vicepresidencia de la república a la cual asistían obedientemente la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscal General, la Procuradora, la Contralora, jefes de cuerpos policiales, se produjo una incontable cantidad de decisiones sobre la vida, la libertad, las propiedades, los derechos humanos de venezolanos. Así lo ha revelado quien hasta hace poco fue Fiscal General Militar y Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Suprema de Justicia.

Aponte Aponte a menudo dictaba medidas de “Avocamiento” que es el procedimiento legal según el cual el máximo tribunal del país puede quitarle un expediente a cualquier tribunal de inferior categoría y asumir su conducción.

Nosotros, ROBERTO ORTA MARTINEZ y MARIA ALEJANDRA PULGAR MOLERO, venezolanos, mayores de edad, respectivamente, procediendo en este acto en ejercicio de nuestros propios derechos, entre ellos los que nos otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 20 y 51, con fundamento en el interés legitimo que nos confiere nuestra condición de ciudadanos venezolanos por nacimiento, condiciones estas que nos impone simultáneamente el derecho y la obligación de la defensa de las instituciones jurídicas, sobre las que descansa la organización de nuestro estado democrático y sus instituciones de derecho y de justicia;

El Fortin Nueva CasarapaLa acción de nulidad tiene como objetivo anular los efectos del Decreto N° 7.811 del 16 de noviembre de 2010, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.553, referido a la adquisición forzosa de los bienes que constituyen el desarrollo urbanístico conocido como Conjunto Residencial El Fortín para la ejecución de la obra "Conjunto Residencial El Fortín"

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Recientemente fue calificado de robo la conducta del gobierno de declarar las adquisiciones forzosas y decretar expropiaciones y luego no pagarlas. Desde el punto de vista constitucional las expropiaciones están previstas cuando sean por causa de utilidad pública.

Debemos hacer un inciso explicando que se ha venido desnaturalizando el concepto que se venía manejando de utilidad pública históricamente, por cuanto entendíamos desde el punto de vista doctrinal o conceptual que la utilidad pública era todo aquel proyecto que perseguía el bienestar social planificadamente y que requería de una especie de sacrificio de la propiedad de los titulares de inmuebles, fondos de comercio y otros, para desarrollar obras. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de las expropiaciones típicas de inmuebles y negocios que estaban en las rutas diseñadas del metro bien para instalaciones principales o accesorias.  

Por: Dra. Juditas Delany Torrealba Dugarte

En los últimos meses Venezuela ha sido afectada por una serie de desastres naturales producto de las lluvias que se han venido presentando; aspecto que ha llevado a que se decreten una serie de estados de emergencia por parte del Presidente de la Republica y que han sido atendidos directamente por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia; sin embargo aunque han existido muchas críticas sobre las medidas que han sido tomadas por parte del gobierno nacional; las mismas se encuentran fundamentadas en la Ley de la organización nacional de protección civil y administración de desastres; publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 5.557, Extraordinaria de fecha martes 13 de noviembre del 2001 que establece algunas definiciones que son interesantes analizar como son: