POR SU 50 ANIVERSARIO DE LABOR DOCENTE, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN ACTIVA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.

Area Tematica:
Historia Constitucional
Derechos Humanos
Organización del Poder Publico
Justicia Constitucional
Constitucion Economica
Participacion Ciudadana

Por: Abog. Juditas Delany Torrealba Dugarte

Hace algún tiempo al hablar de la situación jurídica de la propiedad, se analizaron importantes basamentos jurídicos y doctrinarios que fundamentaban las fallas notorias sobre la transformación que había tenido dicha institución en Venezuela, se hizo énfasis de cómo la fallida reforma constitucional del año 2007 se había puesto en vigencia a través de formas meta jurídicas de la propiedad que estando totalmente ajenas los postulados normativos, eran el símbolo usado por el Estado en la adjudicación de bienes a través de programas sociales; figuras como “la propiedad social” fueron estudiadas, concluyendo que la inseguridad jurídica sobre la temática generaba un estado de incertidumbre en los particulares.

Estudios sobre debido procesoEn esta obra se aborda el Debido Proceso –amén de principio- como derecho fundamental y humano, con el objeto de hacerlo más creíble (posible) en la práctica por los órganos encargados de <hacerlo cumplir> (Jurisdicción y Administración), pero especialmente, desde la perspectiva de todos los ciudadanos en <hacerlo valer>. Aunque con ese objeto, se estudia el derecho a la defensa desde la primera Constitución de 1811 hasta la presente CRBV de 1999, desde la doctrina y la jurisprudencia nacional, las implicaciones de este trabajo superan nuestras fronteras, si se piensa que para explicar los elementos constitutivos del debido proceso –que incluye el derecho a la defensa-, se abordan tanto las fuentes universales (tratados) como la jurisprudencia de los Tribunales universales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal Africano de Derechos Humanos);

(o de cómo se reforma la constitución pisoteando el principio de rigidez constitucional)

Allan R. Brewer-Carías

Uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo moderno ha sido siempre, y desde su inicio hace más de doscientos años, el principio de la
supremacía constitucional que implica que la Constitución es ley suprema,  fundamento del ordenamiento jurídico, que se impone a gobernantes y
gobernados. Ello es, por lo demás, lo que dispone expresamente el artículo 7 de la Constitución, el cual agrega expresamente que “los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos” a sus disposiciones, y entre ellos, por supuesto, la Asamblea Nacional.

Allan R. Brewer-Carías
Un Estado en el cual el Tribunal Supremo de Justicia carece de autonomía e independencia, y está sometido a los dictados de la Asamblea Nacional o del Poder Ejecutivo, siendo un instrumento más para la ejecución  de la política diseñada por estos, no puede calificarse como un Estado de derecho. Es el caso lamentable de Venezuela, país donde a pesar del lenguaje florido de la Constitución, puede decirse que carece de un sistema propio de un Estado de derecho, donde el Tribunal Supremo de Justicia en lugar de ser  el garante del mismo y de contribuir al afianzamiento de la democracia  que de paso sea dicho, es mucho más que elecciones periódicas; ha sido el instrumento más artero utilizado por quienes ejercen el poder político para afianzar el autoritarismo, desmantelar la democracia como régimen político y acabar con el Estado de derecho.