Asociación Venezolana de Derecho Constitucional

La Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional considera altamente preocupantes las normas aprobadas apresuradamente al término de su mandato por la Asamblea Nacional y estima necesario pronunciarse en relación con las regulaciones que han estado encaminadas a menoscabar el ámbito de acción de la futura Asamblea Nacional y la autonomía de las Universidades.

Por: Juditas Delany Torrealba Dugarte (*)

En las últimas horas, producto de las fuertes lluvias que se están presentando a lo largo del país, nuevamente el Ejecutivo Nacional a través del Presidente de la República ha decidido declarar Estado de Emergencia en el Estado Falcón, para la obtención de recursos económicos. 

Sin embargo, como lo hice ante la vigencia del Decreto de Emergencia Electrica puesto en vigencia este año, nuevamente me pregunto: ¿Por qué el Ejecutivo Nacional no decreta un Estado de Excepción? ¿Acaso sienten una fuerte presión internacional por el uso de la figura?, ¿El plazo o la gran cantidad de responsabilidades que impone la normativa de excepción se convierte en una camisa de fuerza en la adopción de medidas?. Estas han sido y seguirán siendo interrogantes que tendré,  al no acogerse una posición sincera, en el uso idóneo de las instituciones.

 

Recientemente en el Pódium Jurídico Administrativo leí una entrada titulada “INTERPOL Y EL NUEVO DERECHO ADMINISTRATIVO GLOBAL” En términos generales es otro de esos planteamientos que pretenden mostrar como verdad La Supraconstitucionalidad,o la existencia de normas supranacionales; posibilidad jurídica negada en La Constitución del 99 y en decisiones vinculantes de La Sala Constitucional.

Planteo la situación en el Pódium Jurídico Constitucional, dado que El Derecho del Estado, (concebido el Estado, bien sea en su acepción tradicional, que conduce al concepto de soberanía, o del concepto de Poder Público, que conduce a su sumisión a la Constitución, antes a la ley (Estado de Derecho); ya no es materia de orden administrativo, sino constitucional, debe entenderse que lo administrativo, hoy solo  regula, la relación entre los administrados y el Poder Público.

Si bien es cierto  la existencia de “Administraciones sin Estado” es decir, no son parte del poder público de un Estado; no es menos cierto, que la mayoría  de ellas como la INTERPOL, se constituyeron y sus miembros son Estados; aparte de que su actividad es decidida por representantes de Estados, de la revisión del acta de constitución, de ninguno de sus artículos puede inferirse la supraconstitucional aludida, por el contrario, basta leer los artículos 2, 26,31 y 33, de los cuales literalmente se desprende:

1.    Su objetivo es de asistencia mutua entre autoridades policiales

2.    Establecer instituciones para la prevención y represión de delitos comunes

3.    Que el deber de los Estados miembros es de cooperación, con la limitante QUE DICHA COOPERACIÓN SEA COMPATIBLE CON LA LEGISLACIÓN LOCAL.

 

En cuanto a los archivos, el análisis del artículo 36, a mi modo ver, un recurso de habeas data, como el planteado y ante la misma INTERPOL, es decidido por los miembros de manera autónoma (reglas propias de esa administración, que no un Derecho Administrativo global.); por ello pienso que tal acción debería ser intentada en el país, no obstante que la solicitud ante ITERPOL, pudiera ser entendido como el agotamiento de la vía administrativa.

A mi modo der citar como ejemplo de normas supranacionales, por decir lo menos, no es propio; es necesario recordar que los países responsables del más alto porcentaje de la contaminación global, no obstante que participan en las discusiones, los acuerdos tomados, para ellos no son vinculantes.

 

 



 

tsj.gov.ve
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sesión extraordinaria, se pronunció este martes sobre los casos de los cuatro diputados electos a la Asamblea Nacional en los comicios efectuados el pasado 26 de septiembre: Richard Blanco Cabrera, Hernán Claret Alemán, Biagio Pilieri Gianinnoto y José Sánchez Montiel. Al respecto el TSJ indicó que la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria procede a partir del ejercicio efectivo de sus funciones como parlamentario.

Autor: Juditas Delany Torrealba Dugarte

Próximo lanzamiento el 15 de noviembre en librerías.
Paredes Editores

ÍNDICE
AGRADECIMIENTO.11
DEDICATORIA13
Introducción15
TITULO I. MARCO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS DE
EXCEPCIÓN EN VENEZUELA20
CAPITULO I. ANÁLISIS LITERAL20
CAPITULO II. SU CONTENIDO CONFORME A LO DISPUESTO EN
LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN SUS DIARIOS DE
DEBATES.25
2.1 Concepto26