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Dollar, por: cmpalmerEn entrevista exclusiva para Tecnoiuris, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), aseguró que el caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Diana Lozano Perafán

Desde el pasado 29 de mayo las divisas a ser enviadas al exterior como remesas familiares fueron reducidas de 1.800 a 900 dólares mensuales. La posibilidad de mandar parte de este dinero a hermanos, suegros, yernos, nueras e hijastros quedó excliuda.
Las medidas fueron establecidas por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), mediante la Providencia 096, que fue publicada en la Gaceta Oficial 39.189.

En entrevista exclusiva para Tecnoiuris, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, señaló que la disminución en el acceso a las divisas no es más que la disminución de derechos constitucionales. El caso será llevado ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuáles derechos se ven afectados con lo dispuesto en esta providencia?
En principio se recorta el fundamento constitucional de la progresividad de los derechos, según el cual cuando se tiene un derecho adquirido éste no puede ser desmejorado. En todo caso si se modifica debe ser siempre para mejorarlo y nunca lo contrario.

Haciendo historia de este tipo de violaciones constitucionales tenemos la eliminación de las tarjetas prepagadas, la disminución del cupo de Internet de 3.000 a 400 dólares, la reducción del cupo de viajero de 5.000 a 2.500 dólares, y ahora el recorte a la mitad de las remesas familiares. Desde el año pasado nuestro derecho al libre tránsito vale apenas 2.500 dólares, pero ahora es la manutención de nuestras familias lo que están en peligro.

Además, ya se ha anunciado una nueva medida de acuerdo con la cual a partir del mes de julio habría que hacer un trámite para poder usar la tarjeta de crédito en el exterior antes de cada viaje, tal y como se presenta actualmente para la solicitud del efectivo.

¿Qué implicaciones tiene el que se haya excluido de la lista de beneficirios a determinados familiares?

Implica violentar el derecho a recibir un trato igualitario, que es un principio establecido en el artículo 21 de la Constitución, además de ir nuevamente en contra del principio de progresividad, porque a esos sujetos se les está arrebatando un derecho que ya tenían. 

¿Es jurídicamente correcto haber dejado sin efecto las solicitudes que ya estaban activas si excedían el nuevo monto o si estaban destinadas a personas que ya no son beneficiarias?

No. Lo triste de todo esto es que se toman medidas radicales sin previo anuncio, de modo que las personas que ya estaban instaladas en el exterior cuentan ahora con menos de lo presupuestado.
Esto obliga además a iniciar nuevamente un procedimiento en el que se  deben demostrar los niveles de ingresos económicos. Es como una especie de legitimación de capitales, lo que no es correcto, porque no se está cambiando dinero, de lo que se trata es de mandarle divisas a la familia.
Al tener que demostrar de dónde vienen los ingresos para poder comprar los dólares se materializa una especie de investigación generalizada, por encima del principio constitucional de presunción de inocencia.

¿Tiene conocimiento sobre el número de personas afectadas con esta medida?

Más allá de números lo cierto es que todos los venezolanos estamos afectados. El hecho de que se ejerza o no en este momento el derecho constitucional que ha sido disminuido no significa que no seamos afectados. Es un derecho que estaba allí y que podía ser ejercido,  de modo que es grave el no tenerlo.
Ahora bien, luego de esta última providencia hemos recibido denuncias por parte de más de 2.000 personas. 

¿Tienen previsto acudir nuevamente ante el TSJ?

Estamos esperando hace un año y medio a que la Sala Constitucional nos fije la audiencia preliminar, pero pasa el tiempo y vemos cómo  juicios nuevos son sentenciados rápidamente, mientras que el nuestro se va quedando resagado. Hay una denegación de justicia en este asunto a pesar de que interesa a millones de venezolanos. De hecho varios miles han presentado su adhesión formal al proceso.

A principios del 2008 introdujimos el recurso luego de que se eliminara la posibilidad de usar tarjetas prepagadas en el exterior. Después de eso hemos hecho varias reformas en el escrito porque Cadivi ha implementado otras medidas que también violentan el derecho de progresividad.
Sin embargo, visto el retardo procesal que estamos teniendo nos hemos reunido con las organizaciones en defensa de consumidores de 14 países y vamos a tener apoyo internacional para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde vamos a alegar la violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho al libre tránsito.