Cargando

elIcono de Seguridad Bajaestimulo.com, 15/12/2015 // María Isoliett Iglesias @isoliett

Tres destacados criminalistas exponen ideas para luchar desde la nueva Asamblea Nacional contra uno de los peores males que azota a Venezuela. Proponen la revisión de algunas leyes, la reforma de otras y la creación de instrumentos para combatir la impunidad. Con descentralizar las cárceles y bloquear las comunicaciones de las bandas que operan desde estos recintos ya se contrarrestarían extorsiones, robos y secuestros. También sugieren retomar las interpelaciones para conocer, entre otras cosas, en qué se invirtió el dinero del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Sobre los hombros de los nuevos diputados de la Asamblea Nacional recaen grandes expectativas de los venezolanos que buscan respuestas a la violencia criminal, llamada “inseguridad” de forma eufemística.


Criminalistas consultados por El Estímulo señalan que desde el nuevo parlamento se puede, por fin, empezar a trabajar para combatir la criminalidad desatada, esa que ha convertido a Venezuela en uno de los países más peligrosos del mundo en tiempos de paz.

“Aquí ha quedado en evidencia que el sistema integrado de seguridad ciudadana nunca fue una prioridad. Pero es el momento de revertir esa situación”, sostiene el criminalista Fermín Mármol García.

Para Mármol, el primer paso que debe darse desde el palacio federal legislativo debe ir dirigido a rescatar los actos de interpelación a los funcionarios del Ejecutivo.

Uno de los primeros que debe subirse al podio y exponer su gestión en 2015 es el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, señala. “Él debe dar un balance de gastos para saber en qué invirtió la parte del presupuesto nacional de 2015 que se le asignó, y el dinero extra que entró por créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional saliente”, agrega.

Pero además de explicar en qué gastó el dinero, el titular del despacho debe ofrecer también el rendimiento, positivo o negativo, que hayan tenido los cuatro planes de seguridad que se implementaron este año: Plan de Pacificación, Patrullaje Inteligente por Cuadrante, el Plan Desarme y la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP).

También propone que se le pregunte por las cifras de criminalidad y por el estudio que su despacho debe haber hecho sobre la casuística y la percepción del problema de inseguridad en el país, agregó.

Así mismo, Mármol considera que deben ser interpelados el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminaslísticas, el comandante de la Guardia Nacional y el director de la Policía Nacional Bolivariana.

Raymond Orta, también abogado criminalista, coincide con Mármol en que además de las interpelaciones, se debe revisar y actualizar la dotación a los cuerpos de seguridad.

“Debe revisarse el presupuesto para las policías. Es urgente dotarlos con equipos que les permita tener presencia eficiente en las calles. Pero además, hay que revisar los estatutos salariales y demás beneficios sociales para que haya un rendimiento efectivo y un crecimiento exponencial en números de funcionarios operativos, pues el déficit es muy preocupante”, advierte Orta.

Según estudios hechos por Mármol García, la policía científica tiene un déficit de funcionarios, dedicados a la investigación criminal, de 300%.

Actualmente, la nómina nacional agrupa a unos 8 mil efectivos dedicados a estas labores, incluyendo a aquellos de las policías municipales que se han especializado en estas tareas.

“Aquí no debe sumarse a los que ostentan un cargo meramente administrativo, porque ellos tienen una función muy distinta”, se defiende Mármol. De acuerdo a sus cuentas, en un país como Venezuela -cuyos índices de criminalidad lo colocan como el tercer país más violento del mundo, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- los ciudadanos deberían contar con un investigador por cada mil habitantes. Ante esto, el país debería contar, entonces, con unos 30 mil hombres formados para esclarecer delitos.

Por su parte, las policías dedicadas a las labores preventivas, también exhiben nóminas pírricas.

En Venezuela se debería contar con cuatro de estos funcionarios por cada mil habitantes, es decir, las filas deberían estar formadas por 120.000 efectivos uniformados dedicados al patrullaje en cualquiera de sus formas.

“Claro, si preguntas al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, allí te van a decir que la nómina está entre 104 mil y 107 mil policías preventivos, pero ahí están sumados aquellos cuyas labores se ciñen a un escritorio, o los que están en comisión de servicio, y eso no puede ser”, insiste Mármol. De acuerdo a sus números, en el país hay unos 70 mil policías activos en labores preventivas.

Javier Gorriño, criminólogo, agrega que además de mejorar las condiciones para que el número de funcionarios alcance los estándares requeridos, debe revisarse la resolución ministerial que coarta a las policías a usar exclusivamente armas calibre nueve milímetros, y faculta a unos pocos a usar escopetas calibre 12.

“Esto es una aberración, sobre todo porque las bandas y las megabandas que operan en el país están dotadas con armamento de alto calibre. Es imperativo que esto cambien para que la policía tenga capacidad de respuesta ante allanamientos y enfrentamientos”, plantea Gorriño.

Revisiones y propuestas

Mármol, Orta y Gorriño insisten en la revisión de la Ley de Policía Nacional.

“Existe una centralización muy profunda en esa ley, y lo único que ha traído como consecuencia es que las policías municipales y regionales pierdan su arraigo. Además se hace muy difícil la incorporación de nuevo recurso humano a las filas de los cuerpos de seguridad”, aduce Gorriño.

“La Ley de Policía suprimió los comandos élites de los cuerpos municipales y regionales y eso debería revisarse, pues son grupos de apoyo necesarios… También debe aclarase, en ese mismo instrumento, el papel que tiene la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) versus las academias de policías”, sugiere Mármol.

Orta propone, además, que la ley regule la actualización periódica de la dotación y del presupuesto asignado a las policías.

“Se ha vuelto urgente hacer un inventario de lo que hay y lo que no en todas las policías, para poder entonces cubrir esas necesidades y lograr un rendimiento óptimo. Nuestro laboratorios deberían por ejemplo cumplir con los estándares internacionales de calidad y eso debería ser una exigencia desde la propia ley. La policía científica debe volver a sus labores naturales. Tenemos que apuntar a un cuerpo de investigación criminal que se destaque al punto de ocupar los primeros lugares en el mundo como una de las mejores policías y eso debe figurar en la ley”, recomienda Orta.

Mármol también recomienda una nueva revisión al Código Orgánico Procesal Penal. A su parecer, las cinco reformas que se le han hecho lo convirtieron en un documento laxo. “El COPP está contribuyendo con la impunidad. Se debe revisar lo que se hizo, para entonces rescatar la participación ciudadana en los procesos penales y restringir verdaderamente los beneficios procesales”, expone.

Pero el trabajo de la nueva Comisión de Política Interior no debe plegarse a revisar e interpelar, sino a crear nuevos instrumentos que permitan robustecer la lucha contra la impunidad.

“El tema de impunidad debe salir de la mente del delincuente, y para eso el trabajo desde la Asamblea Nacional debe ir dirigido a la prevención del delito, con leyes que apunten a la planificación familiar; a la capacidad de procesamiento de delitos y al fortalecimiento del sistema de justicia”, advierte Orta.

Y para lograr eso, Mármol propone una revisión exhaustiva del sistema de justicia para acabar con el déficit de funcionarios dedicados al área penal.

“Tenemos unos 1.870 jueces penales, cuando deberíamos tener 3.700 activos… Y contamos con 890 fiscales en el ámbito penal, y según la misma Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, deberíamos contar con unos 2.000. Ahora, tampoco hacemos nada con mejorar las policías y el sistema de justicia y no tener una reforma en el área penitenciaria. Es por eso que se hace urgente cumplir con el artículo 272 de la Constitución, que habla de la descentralización de las cárceles”, argumenta Mármol.

“La situación penitenciaria en el país es muy preocupante. Si para el último gobierno de Caldera se necesitaban cárceles para unos 250 mil delincuentes, ahora mismo debemos necesitar establecimientos para cinco veces más”, dice Orta, con preocupación.

Mármol además insiste en la creación de una ley que prohíba las comunicaciones móviles y el acceso a internet en las cárceles del país.

“Ya hay un precedente. La ley ya existe en Honduras y ha funcionado. Se llama Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Menores, y su implementación no genera gasto al Estado. Se trata de exigirle a las telefónicas bloquear las señales en zonas donde están construidas las cárceles. Ahora, si alguno de nuestros penales están cerca de comunidades, se implementan dispositivos que inhiban señales telefónicas y de Internet. Con esto se lograría reducir el índice delictivo, sobre todo en delitos como secuestro, extorsión y sicariato que son los que más se gestan desde las cárceles”, sugiere Mármol.

“En fin, que se trata de un trabajo envolvente para que ninguna arista quede por fuera. Si se descuida alguna, no se lograrán los resultados que todos esperamos. La Comisión de Política Interior tendrá mucho trabajo que no tocará el ámbito político, por cual se espera que el presiente Maduro firme lo que haya que firmar, y no se vaya a negar”, concluye Gorriño.

http://elestimulo.com/blog/la-oposicion-puede-hacer-esto-para-combatir-la-violencia-criminal-desde-la-asamblea/