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El organismo  recomendó al Estado venezolano garantizar la independencia de los Poderes Públicos, en especial del Judicial, que carece de autonomía frente al poder político.

 

Diana Lozano Perafán



“La falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana”. La advertencia fue hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela que fue dado a conocer este 24 de febrero.
La falta de garantías en los procesos de designación y destitución de jueces y fiscales, así como el alto grado de subjetividad al juzgar la conducta de los jueces mediante órganos disciplinarios excepcionales que no ofrecen garantías de imparcialidad -como la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial-, ponen en entredicho la independencia del Poder Judicial en Venezuela y, en consecuencia, la existencia de un verdadero Estado de Derecho, según señaló la CIDH en las conclusiones del informe que fue aprobado el 30 de diciembre del año pasado.
El organismo recomendó al Estado venezolano la adopción de medidas que garanticen la efectiva separación e independencia de los Poderes Públicos. “Los cambios efectuados en el Poder Judicial han perseguido la protección o apoyo de un proyecto político particular, mas no la consolidación de un sistema de justicia transparente e independiente que asegure justicia y debido proceso a la población venezolana en general, sin discriminación por la condición sociopolítica”, señala el informe.

Jueces sin estabilidad

“La CIDH mira con especial preocupación la cantidad de jueces que son designados sin que medie un concurso público de oposición, y que en consecuencia son de libre remoción, lo que los vuelve vulnerables a presiones indebidas al momento de emitir sus decisiones”, establece el documento.


Más de la mitad de los jeces venezolanos carecen de estabilidad en sus cargos, lo que según los miembros de la comisión permite que sean removidos al emitir fallos que afecten los intereses del Gobierno.


Para la CIDH también es alarmante que los jueces que fueron designados de manera discrecional estén pasando a la condición de titulares sin que medie un concurso público de oposición.


En cuanto a los procedimientos disciplinarios a los que son sometidos estos funcionarios, el organismo denunció que en muchas ocasiones ha sido revocada la designación de cientos de jueces sin que medie un procedimiento adecuado.


La CIDH recordó en su informe que el adecuado proceso de nombramiento de los jueces, la inamovilidad de sus cargos y la garantía contra presiones externas son los principios en los que se fundamenta la independencia judicial según la jurisprudencia emanada de la Corte Europea y de la propia CIDH. Lamentablemete estas garantías no están siendo cumplidas en Venezuela.


Luego de evaluar la situación del Estado de Derecho en el país, el organismo recomendó que el Estado venezolano fortalezca los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales, afirme la estabilidad de estos funcionarios en sus cargos y elimine la situación de provisionalidad en la que se encuentran.


“La Comisión advierte que el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela no podrán consolidarse mientras no exista un Poder Judicial independiente y capaz de investigar debidamente las violaciones a los derechos humanos”, concluye el informe.
En el documento, de más de 300 páginas, la CIDH se pronunció  sobre la situación del derecho a votar y ser elegido en elecciones periódicas y auténticas, y a protestar de manera pacífica y a la libertad de expresión. También se dedicaron capítulos a temas como el respeto a los derechos humanos -como la vida y la integridad personales-, y a la libertad de asociación en el país, entre otros deberes en los que el Estado venezolano tiene graves fallas.

Véase: Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el 30 de diciembre de 2009