El organismo  recomendó al Estado venezolano garantizar la independencia de los Poderes Públicos, en especial del Judicial, que carece de autonomía frente al poder político.

 

Diana Lozano Perafán



“La falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana”. La advertencia fue hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela que fue dado a conocer este 24 de febrero.
La falta de garantías en los procesos de designación y destitución de jueces y fiscales, así como el alto grado de subjetividad al juzgar la conducta de los jueces mediante órganos disciplinarios excepcionales que no ofrecen garantías de imparcialidad -como la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial-, ponen en entredicho la independencia del Poder Judicial en Venezuela y, en consecuencia, la existencia de un verdadero Estado de Derecho, según señaló la CIDH en las conclusiones del informe que fue aprobado el 30 de diciembre del año pasado.
El organismo recomendó al Estado venezolano la adopción de medidas que garanticen la efectiva separación e independencia de los Poderes Públicos. “Los cambios efectuados en el Poder Judicial han perseguido la protección o apoyo de un proyecto político particular, mas no la consolidación de un sistema de justicia transparente e independiente que asegure justicia y debido proceso a la población venezolana en general, sin discriminación por la condición sociopolítica”, señala el informe.