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Así como los particulares requieren del contrato de arrendamiento para la realización de sus actividades, bien sea para vivienda, oficinas o industrias, por ejemplo; de la misma manera, la administración pública también debe dar o tomar en arrendamiento para la gestión de los cometidos públicos, por lo que se hace necesario regular esa situación.
En principio hay que diferenciar el rol dentro del contrato que va a tener la entidad pública.
Esta acotación no se hace en función de la definición del contrato de arrendamiento, puesto que también le puede subsumir a la administración, desde la perspectiva del sujeto que celebra el contrato, no como persona, puesto que la capacidad para obligarse viene dada por el ordenamiento; a título de ejemplo:
El Código Civil Venezolano (CCV, 1982) reconoce al regular la personería jurídica a la República, estados, distritos, municipios y demás entes cuando reza “… la Nación y las entidades políticas que la componen…”; sino por el elemento consentimiento que se rige – en forma previa para darlo – con mayores exigencias que para el caso de los particulares.
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Así como existen regulados en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público (LOAFSP, 2012) los sistemas de presupuesto, tesorería, crédito público, tributación, los cuales regulan mediante las normas dictadas para cada uno, el sistema de bienes públicos no podía ser la excepción, lo cual se hace bajo la ley que se comenta en estas líneas.
La LOBP crea un Sistema de Bienes Públicos integrado por el conjunto de principios, normas, órganos, entes y procesos que permiten regular, de manera integral y coherente, la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos.
Está conformado por la Superintendencia de Bienes Públicos, como órgano rector; los máximos jerarcas de los órganos y entes públicos (República, estados, distritos, municipios, representantes de los entes) a que se refiere la Ley; las Unidades de Administración y Custodia de Bienes Públicos de los órganos y entes públicos, como responsables patrimoniales.
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Con la aprobación de la llamada Ley Habilitante del año 2010 donde se faculta al Presidente de la República para legislar, se dictó el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos (LOBP, 2012).
Este instrumento legal tiene por objeto establecer las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Públicos, como parte integrante del Sistema de Administración Financiera del Estado y deroga expresamente normas de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional (1974, con reforma el 2009), la Ley de Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos (2007) y la Ley Orgánica que regula la Enajenación de Bienes del sector público no afectos a las industrias básicas (1987) y su Reglamento (1999).
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Dentro de las llamadas organizaciones socioproductivas se encuentra prevista una figura jurídica denominada sistema alternativo de intercambio solidario, lo cual define la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (LOSEC, 2010) como el conjunto de actividades propias que realizan los prosumidores, dentro y fuera de su comunidad, por un período determinado, antes, durante y después del intercambio con el propósito de satisfacer sus necesidades mediante una moneda comunal alternativa, con la prohibición de hacer prácticas de tipo financiero, tales como cobro de intereses o comisiones.
Por otra parte, de acuerdo con la misma Ley, los prosumidores son las personas que producen, distribuyen y consumen bienes y servicios, mediante la participación en el sistema alternativo de intercambio solidario para la satisfacción de sus necesidades y de las de otros miembros de su comunidad.
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Como una de las leyes para apuntalar el llamado poder popular la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (LOSEC, 2010), la cual deroga al Decreto con rango, valor y fuerza de Ley para el fomento y desarrollo de la economía popular (2008).
La LOSEC tiene por objeto establecer las normas, principios y procedimientos para la creación, financiamiento y desarrollo del sistema económico comunal; éste se encuentra integrado por las llamadas organizaciones socioproductivas.
El sistema económico comunal se define como un conjunto de relaciones de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios; estos intercambios pueden provenir de las llamadas instancias de poder popular (consejos comunales, comunas), órganos y/o entes públicos y, por último, mediante acuerdo entre ambos sectores.
El ámbito de aplicación es general, es decir, incluye a las organizaciones públicas y privadas cuando se relacionan con las instancias del poder popular.
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