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Se exacerba el control central sobre decisiones locales en detrimento de los ciudadanos

La Constitución dispone que el territorio se organiza en municipios, los cuales constituyen la unidad política primaria de la organización nacional y gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites constitucionales y de la ley. Dicha autonomía comprende: la elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Por eso, la creación de entidades locales dentro del municipio, con funciones semejantes a las de éste, que conformen de alguna manera una división de su ámbito territorial, debería establecer -en cada caso- su vinculación jerárquica con los órganos de gobierno del municipio.