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CARTA ABIERTA A VENEZUELA
DEL FORO PENAL VENEZOLANO, VIVE Y FUERZA INTEGRADORA
ANTE LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Ante las recientes reformas y añadidos planteados por la Asamblea Nacional al texto de las modificaciones la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela propuestas por Hugo Chávez Frías, queremos advertir a la Comunidad Nacional e Internacional lo siguiente:

1.- Sobre la ilegitimidad e inconstitucionalidad del planteamiento de reforma constitucional y de los mecanismos empleados para su aprobación.

Hemos dicho públicamente, y lo seguimos manteniendo, que los mecanismos que se están utilizando para la reforma del texto constitucional son en sí mismos inconstitucionales y violatorios de derechos humanos y fundamentales que reposan en el pueblo como portador del poder originario. Es así que las decisiones que se han tomado desde la Presidencia de la República, convalidadas por la
comisión presidencial nombrada para los efectos de reforma
constitucional, y hasta ahora avaladas por la Asamblea Nacional son, en estricto derecho, írritas y atentan contra los postulados fundamentales de rango constitucional sobre los que no le está dado al poder proponer modificación alguna. Se violan los mecanismos de cambios constitucionales establecidos por la misma Carta Magna, tal y como lo han expresado inclusive voceros oficialistas.

De allí que advertimos que el procedimiento utilizado para forzar la
aprobación de la reforma propuesta por Hugo Chávez y las adiciones y
alteraciones hechas a la misma en el seno de la AN es fraudulento y
lesivo de los derechos de todas y todos los venezolanos, cualquiera
que sea su tendencia política. Por ello es menester, y así lo rodena
el Art. 333 de la Carta Magna Vigente, asumir contra estas modificaciones una postura de absoluto rechazo y advertir a la
comunidad nacional e internacional, sobre las consecuencias políticas,
sociales y jurídicas que esto está ocasionando y que ocasionará hacia
futuro.

2.-La eliminación de las garantías al debido proceso y a la
información durante los estados de excepción o de conmoción nacional.

Las recientes modificaciones propuestas por la Asamblea Nacional,
particularmente en lo relativo a la eliminación del Debido Proceso así
como el derecho a la información durante los estados de excepción y
estados de conmoción nacional, así como la eliminación del requisito
procesal del antejuicio de mérito para altos oficiales de la Fuerza
Armada Nacional, constituyen la más palpable e indudable concreción de
una dictadura de rango constitucional, que de ser convalidada o
aprobada implicaría la validación graves de abusos ya vividos en la
historia de Venezuela durante las dictaduras de Juan Vicente Gómez y
Marcos Pérez Jiménez; además de configurar una vez más la absoluta
concentración del poder en Hugo Chávez Frías como sujeto que sería
reelecto indefinidamente, con lo cual todas aquellas comparaciones que
se han hecho con gobiernos de corte dictatorial como el Cubano, serían
escasas en relación con lo que esto traduciría para nuestro país.

Las declaraciones de Cilia Flores en su intervención en el pleno de la
Asamblea Nacional el día 12 de octubre de 2007 revelan la clara
intención de la reforma constitucional, que en ningún momento es ni ha
sido la de favorecer los intereses del pueblo sino del grupo político
en el poder. Si alguien tenía dudas sobre las razones de los cambios,
la Sra. Cilia Flores dejó claramente expresado que "…con la reforma de
este artículo (el 337) el gobierno está blindado…". En otras palabras,
la reforma no está dirigida a que el Estado garantice, como lo ordena
el Art. 3° de la Constitución vigente, el "…desarrollo de la persona y
el respeto a su dignidad…", sino a garantizar el mantenimiento en el
poder de un grupo de ciudadanos de espaldas al pueblo y sus anhelos.
Se coloca al poder y a sus prioridades hegemónicas por encima de la
persona, por encima de los individuos, y con ello se acaba con la
concepción constitucional que hace del ser humano, y no del gobierno o
de sectores políticos parcializados, el destinatario último de todo
acto del poder.

Toca al pueblo preguntarse si la Reforma Constitucional en éstos
términos planteada busca ser la base esencial del desarrollo político,
social, cultural y económico de un pueblo, o sólo ser, por el
contrario, el maquillaje protector de un gobierno al que sólo interesa
la concentración de poder excesiva en cabeza del Presidente de la
República, otorgándole de manera excesiva y sin estar sometida a
ningún tipo de control potestades para reorganizar territorios,
administrar la economía nacional, calificar el derecho a la propiedad
según las necesidades y conveniencias del Poder Ejecutivo; designar
autoridades regionales, municipales, comunales sin criterio alguno
distinto de la conveniencia personal del Presidente de la República, y
someter a la Fuerza Armada Nacional a los intereses de quien gobierna
y no a los supremos intereses del pueblo, a la soberanía, a la paz y a
la democracia.

Debemos preguntarnos si puede ser la propuesta en discusión
verdaderamente respetuosa de los valores superiores de nuestro
ordenamiento jurídico (Art. 2° de la Constitución vigente),
especialmente el del pluralismo político como base del ejercicio
democrático, cuando se propone en ella la exclusión de todos aquellos
que no participen de la doctrina socialista impuesta para todos, o
cuando se impone, sin criterios claros que abonen a favor de la
verdadera solidaridad, a los ciudadanos la obligación de cumplir
labores sociales y laborales según los intereses del Gobierno, o
cuando en ésta se acaba con la alternabilidad democrática (Art. 6° de
la Constitución vigente) cuando se plantea la reelección indefinida
sólo del Presidente de la República (desconociendo la legitimidad de
los liderazgos regionales)

Todos estos argumentos, de por sí, eran ya suficientes para considerar
que el control total del destino del país desde todo punto de vista
estaría, de aprobarse la reforma propuesta, en manos del Presidente de
la República. Ahora, si acaso quedaba la posibilidad de recurrir a la
ley y a los controles que de ésta dimanan para el ejercicio del poder,
las pocas garantías, por lo menos en teoría y a nivel formal, que
quedaban a favor del estado de derecho (Art. 2°, de la Constitución
vigente) serán suprimidas cuando ello sea de la consideración del
Poder Ejecutivo con un claro interés retaliativo y con la evidente
finalidad política de deslastrar al Gobierno de los contrapesos que el
Estado de derecho opone a toda actuación del poder, particularmente en
materia penal.

Así quedó definido por la misma presidenta de la Asamblea Nacional al
decir textualmente que su idea, más que garantizar los derechos de la
ciudadanía en general, es la de "…garantizar la paz de la república,
hay hechos que nosotros no podemos olvidar, se incurrieron en delitos,
en un golpe de estado, en un gobierno de facto, donde todavía se
reclama justicia, los que planificaron ese golpe de estado
planificaron la impunidad…".

Y en ello desconoce que sin justicia, sin debido proceso y sin
respetar las garantías que de éste nacen, aún durante situaciones
excepcionales, no hay paz posible. En otras palabras, cuando el
Presidente de la República así lo decida, podrá decretar un estado de
excepción o de conmoción nacional, sin más contenido o extensión que
aquél que él mismo pretenda, sin respetar los límites que la ley (la
propia Constitución y los tratados internacionales suscritos y
ratificados por Venezuela) opone a la intervención arbitraria en los
derechos de los ciudadanos. Será entonces la subjetividad y la
irracionalidad nacidas de los anhelos de perpetuarse en el poder las
que definan, a conveniencia, los momentos en los que el poder podrá
violentar las reglas de la ley y de la sana convivencia democrática
para perseguir a todo aquel (medios de comunicación, los partidos
políticos, organizaciones no gubernamentales, o cualquiera que
pretenda formular críticas contra los abusos en el ejercicio del
poder) para tener a la disidencia no como ciudadanía crítica y libre,
sino factores de pretendida desestabilización, como "golpistas" o
"traidores", con el agravante de que, al suprimir la posibilidad de
plena vigencia del Estado de Derecho durante esos momentos, podría
cualquier persona, por cualquier motivo, ser detenida arbitrariamente,
sin posibilidad de ejercer cabalmente su derecho a la defensa, y ser
inclusive sentenciada de inmediato sin ningún tipo de garantía. Todo a
conveniencia de quienes ejercen el poder.

3.-La consolidación del "Derecho Penal del Enemigo".

Cilia Flores pretende sorprender la buena fe del pueblo fingiendo que
no debe haber preocupación para el resto de la población sino para
aquellos que "desestabilicen". Lo que calla es que los criterios para
la determinación de la identidad de los pretendidos desestabilizadores
no será determinados por la ley, sino por las conveniencias del
gobernante y de sus acólitos. Serán desestabilizadores quienes se
opongan al discurso de los poderosos (aunque militen en las filas del
oficialismo), serán "golositas" y "traidores" todos aquellos que no se
ciñan estrictamente a la línea presidencial. Serán, en consecuencia
"enemigos", contra los que todo vale y a los que la ley (el debido
proceso) no debe proteger. Esto es lo que se denomina mundialmente el
"Derecho Penal del Enemigo", que parte de la consideración de que el
que esté contra el poder, contra sus decisiones o contra sus
aspiraciones hegemónicas es un enemigo y como enemigo debe ser
tratado, sin importar que ello suponga el desconocimiento de las
garantías que nacen para todos, y que son esenciales al modelo de
"Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia" propuesto por
la Constitución vigente en su Art. 2° que, hasta dónde se sabe, no es
objeto de reforma o modificación. En el mundo moderno, y eso lo
demuestran múltiples tratados internacionales de los que Venezuela es
parte y que sus gobernantes sus ciudadanos y sus militares deben
obedecer, ni siquiera en situaciones de conflicto bélico (interno o
externo) se puede hacer contra el "enemigo" lo que al poder le venga
en gana, ni mucho menos relajar las garantías que nacen del respeto al
debido proceso.

Y si queda alguna duda de que ésta no es la orientación de la
propuesta de la Presidenta de la AN, basta revisar lo que se le ha
dicho, desde el poder, a los partidarios del oficialismo que han
pretendido separarse de la barbarie o expresar ideas, distintas de las
de Hugo Chávez, que abonan a favor la racionalidad y del respeto a los
derechos de los ciudadanos. Como ejemplos pueden mencionarse a Ismael
García, Ramón Martínez y Juan José Molina, a quienes, por expresar sus
puntos de vista divergentes, se ha tildado de opositores y hasta de
"traidores", simplemente por hacer uso de su derecho a disentir. O las
muchas expresiones denigrantes e irrespetuosas contra miembros de
algún consejo comunal en reclamo por fondos no les han llegado; o
contra aquellos que durante algún programa presidencial, en ejercicio
pleno de la soberanía (que reside en el pueblo y no en sus
gobernantes) pretendan decirle a Hugo Chávez las verdades de los
sufrimientos y limitaciones que padecen día a día. Ahora, en este
nuevo escenario, y eventualmente ante el decreto presidencial de un
estado de excepción o de conmoción nacional, podrán ser sometidos a
medidas de corte penal e investigaciones sin respetar ninguna de las
garantías que, en los estados modernos, se consagran en la
Constitución a favor de todos los ciudadanos.

4.-El debido proceso. ¿Qué es?.

El debido proceso debe ser entendido como una expresión
omnicomprensiva de la que nacen un cúmulo de garantías que se
establecen, no como un beneficio o "gracia" dada por el Gobierno al
ciudadano sino como un Derecho Humano irrenunciable que obliga a los
que ejercen el poder a someterse, en su desempeño, especialmente en lo
que atañe al ejercicio de la potestad penal, a límites muy precisos e
inalienables.

Pactos y convenios internacionales, de los que Venezuela es parte, así
lo reconocen, como también lo reconoce la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, que nos explica que el
debido proceso conlleva en sí lo siguiente:

i) Derecho a un juicio previo.
ii) Derecho a ser oído por un tribunal imparcial
iii) Derecho a ser juzgado por un tribunal existente antes de la
perpetración del hecho punible, juez natural
iv) Derecho a ser informado oportunamente de los motivos de la detención
v) Derecho a defenderse ante una instancia imparcial
vi) Derecho a tener comunicación con los familiares y abogados de confianza
vii) Derecho a promover pruebas, y a conocer las pruebas que se
pretenda hacer valer contra los ciudadanos
viii) Derecho a la libertad como regla, no como excepción
ix) Derecho a no ser detenido sin orden judicial previa o en flagrancia
x) Derecho a la inviolabilidad del domicilio
xi) Derecho a la inviolabilidad de la correspondencia
xii) Derecho a no ser condenado previamente en ausencia de un juicio justo
xiii) Derecho a la apelación
xiv) Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho
xv) Derecho a una sentencia proporcional a la infracción cometida y al
respeto del principio de la legalidad de las penas y los delitos

Es así que no basta pensar sólo en un allanamiento o en una detención
arbitraria, sino en todas las transgresiones que la aprobación de la
propuesta de Cilia Flores conllevaría colocando a cualquier ciudadano
en las manos despiadadas de quienes se sienten "vencedores" y, en
consecuencia, por encima del bien y del mal.

El tono de la diputada Flores así lo revela. No volverá a pasar, no
podemos olvidar. O lo que es lo mismo, el principio de juzgamiento no
debe nacer de la asunción del Estado de Derecho, sino como la
destrucción de aquél al que considero enemigo. Y enemigos podemos ser
todos, pues sólo un grupo decidirá, a conveniencia, quien lo es o no.
Basta mirar los procesos penales de índole político, en violación a
todas las garantías constitucionales y legales, que se han seguido
contra los opositores en los últimos 5 años, donde a los presos y
perseguidos políticos se les han violado todas y cada una de sus
garantías, donde las sentencias ya se han dictado antes de que los
juicios culminen, donde ni siquiera la vida se les ha respetado
negándoles el derecho a una asistencia médica oportuna sobre la base
de imaginarios planes de fuga; donde la Fiscalía General de la
República y la Defensoría del Pueblo han actuado como agentes del
Estado, no como garantes de los derechos ciudadanos, lo que ha
culminado en un franco y advertido deterioro del Estado de Derecho,
estado de Derecho que ha desaparecido mucho antes de esta pretendida
modificación constitucional, y que ahora queda absolutamente
constitucionalizada, con riesgos dramáticos para toda la ciudadanía,
sin distinciones de ningún tipo, pues cuando se atenta contra el
Estado de Derecho y contra la libertad se atenta contra los derechos
de todos los ciudadanos.

Nadie garantiza que no existirán desapariciones forzadas, nadie
garantiza la vida, aún cuando pretendan decir que no se elimina la
protección a estos valores de la Constitución, pues si en un estado
excepcional (decretado por el propio presidente en consejo de
ministros) cualquiera es detenido, las autoridades no tendrán ni
siquiera la obligación de informar sobre la detención, sobre sus
causas o sobre el destino de las encarcelados. Y sumemos a esto la
exclusión del derecho de información durante estos mismos caprichosos
estados de excepción o conmoción

¿Adónde pueden acudir los familiares?, ¿los abogados?, ¿los
denunciantes?. Ante un tribunal no serán oídos porque no hay derecho
alguno por la supresión, así sea temporal, de las garantías que nacen
el debido proceso, pero tampoco podrá acudirse a los pocos medios de
comunicación de índole imparcial que nos quedan, pues estos tendrán
una prohibición expresa de dar información sobre estos temas. El único
vocero oficial será el gobierno nacional que hasta ahora ha mostrado
un control total de a información y una negativa clara a asumir sus
compromisos de protección y resguardo de los derechos humanos.

5.- ¿Qué hacer?

Es tan grave lo que decidió la Asamblea Nacional el día 12 de octubre
que la simple preocupación ya resulta poca ante tales abusos. La
apatía resulta también insuficiente. La complacencia del Poder
Judicial y del Poder Ciudadano ante estos abusos es dramática. La
postura del poder frente a las luchas democráticas contra los abusos
sistemáticos de poder y las violaciones de Derechos Humanos, de rango
constitucional, y que ahora pretenden desconocerse, hace pensar que la
unidad es la única respuesta verdaderamente efectiva frente a la
arbitrariedad.

La reflexión es urgente, la unión es impostergable. Los intereses
personales, las posiciones individuales, deben ceder ante una decisión
contundente: la de luchar todos por el bien de todos. No podemos a
escasos dos meses de un referéndum aprobatorio seguir jugando a la
confusión, menos aún convalidar con el silencio tamañas violaciones.

No podemos permanecer sentados en la banca mientras el adversario nos
golea, no hay coherencia entre la oposición, las organizaciones de
derechos humanos deben ser menos políticas y más reactivas, la
academia debe férreamente oponerse a la institucionalización de una
dictadura que tome por venganza la vida, la libertad y los derechos
humanos de quienes no queremos sino luchar pacíficamente y en libertad
por una Venezuela libre de opresión.

No se trata de debatir la reforma, no hay nada que debatir, toda ella
es arbitraria, caprichosa, infundada, personalista y hecha a la medida
de un hombre al que el traje de la ley ya le ha quedado pequeño y al
que no le interesan los derechos de su pueblo, pues para él "pueblo"
es sólo el que esté de acuerdo con el, y guarde silencio. Un hombre
para el que sus adversarios políticos no tienen derechos. Es
inoficioso discutir si se puede votar por partes o en bloque la
reforma propuesta, pues quien convalida lo poco convalida lo mucho.
Las alternativas son pocas, tampoco son fáciles las decisiones, votar
o no votar no puede ser el único sentido del llamado de la oposición,
debemos unirnos todos aún en nuestras indiferencias y nuestras
individualidades, debemos explicar claramente que el abismo en el que
hemos caído puede llegar a ser aún más profundo. Hay que asumir con
preocupación, y desde la paz, pero con firmeza, lo que viene. Hay que
rechazarlo pacífica y democráticamente por todas las vías internas y
externas, y por encima de todo hay que unirse en la adversidad.

Ejemplos como el de un Chile oprimido que logró la concertación de sus
ciudadanos deben ser modelo a seguir por los Venezolanos. De nada
valen los negocios o el dinero que unos pocos puedan estar haciendo,
de nada vale mantener una concesión, poco vale asegurar una
Gobernación o una Alcaldía, menos aún un puesto político si en
definitiva no tendremos país. Y mucho menos un país libre, en el que
todos puedan pensar y expresarse en paz a favor de sus ideales. La
venganza constitucionalizada que pretende imponerse no es sólo contra
un grupo, lo es contra el pueblo en general, oficialistas y
opositores. La venganza y la persecución no excluyen, puede ser contra
cualquiera y no hay peor venganza que aquella que desde el odio se
forja con mala voluntad, con burla, con abuso de la fuerza y del poder
y dándole ahora rango constitucional para acabar, moral y socialmente,
con quienes quieren ser libres.

Hacemos un llamado urgente los partidos políticos, a las
organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos Nacionales e
Internacionales, a los estudiantes universitarios, a los académicos de
todas las universidades del país, a los partidarios del oficialismo
que no están de acuerdo con lo que viene sucediendo, a los
gobernadores y alcaldes, a los gremios profesionales y técnicos, a los
presos políticos, a los perseguidos políticos, a los profesionales y
técnicos independientes, a los sindicatos de trabajadores,
profesionales y técnicos, a la CTV, a los miembros de la Fuerza Armada
Nacional, y a la ciudadanía en general a luchar en paz, pero con
vehemencia y firmeza, contra el abuso que se propone desde poder
contra todo el pueblo venezolano.

Nuestras organizaciones se ofrecen con toda humildad, pero con la
máxima preocupación como entes organizadores y catalizadores del
espíritu impostergable de coalición, de concertación, de unidad, de
paz, de coherencia y de respuesta inmediata en conjunto. Ponemos en
manos de todos los grupos y ciudadanos nuestra buena voluntad, nuestra
fuerza, nuestros conocimientos jurídicos, pero sobre todo nuestra
intención apartidista de lograr una Venezuela con futuro donde todos y
cada uno de nosotros tenga un espacio para opinar, y para ser libre.

Nuestras organizaciones, siempre respetuosas de la Constitución y la
ley, y de los mecanismos formales y democráticos de protección de los
derechos de todos, presentará en los próximos días una ACCIÓN DE
AMPARO CONSTITUCIONAL ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia contra la evidente amenaza y daño de violación de nuestros
derechos ciudadanos que se está materializando actualmente contra el
país y su pueblo. Si ello no funciona, se acudirá a las instancias
internacionales pertinentes.

En Caracas, a los 14 días del mes de Octubre de 2.007.-

VIVE
FUERZA INTEGRADORA
FORO PENAL VENEZOLANO

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Mónica Fernández Sánchez