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 FORO PENAL VENEZOLANO RECHAZA LA SENTENCIA DE LA CORTE APELACIONES EN CONTRA DE HENRIQUE CAPRILES RADONSKY

A partir del momento en que el Ministerio Público presentó la apelación en contra del Alcalde Henrique Capriles Radonsky, el Foro Penal Venezolano advirtió públicamente su ahora confirmada sospecha de que la sentencia absolutoria, tomada por una juez de carrera, objetiva e imparcial, sería desechada por la instancia superior.



Nuestro pronunciamiento no se basa en un contexto aislado o radica en una posición particular con relación al caso de la Embajada de Cuba, sino que por el contrario entra éste dentro de la documentación que hemos realizado como de aquellos que comportan la utilización de las vías judiciales con fines políticos, siendo la clara falta de independencia y autonomía entre los poderes públicos un patrón sistemático de violación de los Derechos Humanos de los factores considerados de oposición que por cualquier circunstancia están sometidos a procesos penales.

El caso Capriles ha estado desde el principio ligado a violaciones graves de Derechos Humanos, al punto que el mismo Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Penal, con una conformación distinta a la actual, decidió avocarse a éste ordenando el cese de las medidas que sobre el Alcalde Capriles habían recaído en violación su derecho a la defensa y al debido proceso. La sucesión de irregularidades sobre el caso han sido reseñadas en distintos informes del FPV, pero se suma en esta oportunidad la decisión de la Corte de Apelaciones en Sala 9, quien favoreciendo la tendencia politizada de los tribunales de la República asume, sin sustento jurídico válido, la nulidad del juicio y la consecuente convocatoria a un nuevo proceso, que al parecer llevaría un indicativo claro de asumir una decisión de fondo distinta a la absolutoria.

Cabe destacar que llama poderosamente la atención al Foro Penal Venezolano que ningún caso de índole político en el cual el Ministerio Público ejerza un recurso de apelación es declarado sin lugar. La efectividad de los fiscales pareciera arrojar un porcentaje de más del 90% de casos ganados a nivel de las Cortes de Apelaciones a nivel nacional, siendo relevante el caso del Área Metropolitana de Caracas, donde no sólo repiten las Cortes de conocen los casos, sino donde es evidente la parcialización de los jueces superiores a favor de los intereses del Ministerio Público, desechando sin validez jurídica los argumentos de la defensa.

El caso de Capriles es una muestra más de lo que hemos criticado como utilización de las vías jurídicas con fines políticos. El Ministerio Público ha perdido su norte desde hace mucho, ha olvidado su obligación legal de sujetarse al   principio de la buena fe, al debido proceso y a la imparcialidad, por el contrario las posiciones asumidas por los fiscales, en casos de relevancia política, los colocan como meros agentes ejecutivos en defensa de los intereses de quien gobierna.

Esto desconfigura el Estado de Derecho, empaña la Democracia y por sobre todas las cosas genera un aumento ya casi insostenible de desconfianza del colectivo en sus instituciones. No hay división de poderes públicos, no hay autonomía, no hay imparcialidad. Los calificativos emitidos contra la Juez Auriestela Salazar en el momento que asumió la correcta posición jurídica absolutoria tildándola de opositora, golpista, entre otros, sirvieron de clara advertencia a los jueces superiores para decidir la realización de un nuevo juicio.

El Foro Penal Venezolano en conocimiento del contenido de la sentencia de primera instancia y aplicando las normas estrictamente procesales considera que la decisión de fondo de la Jueza Salazar, así como la elaboración de la sentencia en cumplimiento claro de los requisitos legales, implicaba la necesaria confirmación por la Corte de Apelaciones. Jurídicamente hablando la realización de un nuevo juicio resultaba improcedente, por cuanto la sentencia estaba ajustada a estricto derecho.

Hacemos un llamado de atención a la colectividad, a misiones extranjeras en el país, a organizaciones no gubernamentales, a estudiantes de derecho, para que se avoquen a realizar un seguimiento ciudadano del nuevo juicio por cuanto dudamos de la objetividad con la cual el caso sea llevado en esta oportunidad.

El control ciudadano sobre el sistema de administración de justicia está consagrado en la Constitución Nacional y por ende todos tenemos derecho de controlar a quienes cumplen roles dentro de ese proceso.

La única forma de garantizar la transparencia del proceso es participando en las audiencias y verificando sin intermediarios como la investigación llevada contra Capriles Radonsky no tiene sustento jurídico suficiente más allá de la manipulación mediática que voceros oficiales han llevado del caso, al punto de que hasta el Canciller ha emitido opinión jurídica sobre un caso que no le es de su competencia.

La deformación de la administración de justicia ha desencadenado en una absoluta anomia por parte del Estado y de los mismos ciudadanos. Sin control social de los procesos judiciales cuyas decisiones no son jurídicas sino políticas seremos débiles ciudadanos al servicio de una ideología y no de la Democracia.

Mónica Fernández Sánchez

Directora Ejecutiva del Foro Penal Venezolano

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Mónica Fernández Sánchez