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La impunidad también campea junto al incremento de la violencia.

Para los venezolanos, la inseguridad constituye el problema número uno que debe ser resuelto por el Estado. La inseguridad tiene que ver con el peligro grave y cierto para la vida, la libertad y los derechos de la persona. La amenaza permanente a estos bienes, la violencia a la vuelta de la esquina, los homicidios, secuestros, atracos y otras manifestaciones del ataque a bienes fundamentales de la persona constituyen expresión de la inseguridad en la que vivimos, a lo que se une la sensación de estar inseguros por la repetición, cercanía o experiencia vivida en sucesos que quisiéramos olvidar.



La inseguridad toca a todos por igual y solo "se sienten seguros" -relativamente- quienes están protegidos por su condición de funcionarios del Estado. En el barrio, en la urbanización, en el quehacer diario vivimos afectados por este grave mal y temerosos por lo que pueda ocurrirnos.

Ante los hechos en los que se materializa la inseguridad, ante los autores de la violencia y los delitos, debe actuar el Estado y sus órganos con eficacia y celeridad.

La respuesta debe ser coherente, con un plan a largo plazo de prevención y con la aplicación oportuna de las medidas de represión, en el contexto del funcionamiento adecuado del sistema penal, integrado por el Ministerio Público, los cuerpos policiales, los tribunales y los establecimientos penitenciarios. Sin duda, es necesario atender a las causas de la delincuencia, pero ello no implica diferir el problema y continuar en un formal debate académico.

Se impone la toma de decisiones para el momento y dar el ejemplo en la solución de casos concretos, en forma tal que la ciudadanía pueda ver atenuada su angustia y obtenga una clara señal que le proporcione alguna confianza en el sistema de justicia.

La policía debe desplegar su actividad de vigilancia y de investigación; el Ministerio Público debe exhibir diligencia como titular del ejercicio de la acción penal; y los tribunales resolver los casos con rapidez y, salvaguardando el debido proceso, aplicar cuando corresponda las sanciones, con el más absoluto respeto a los derechos humanos.

Lamentablemente, ello no ocurre en Venezuela. La impunidad también campea junto al incremento de la violencia. No hay sanción para los autores de hechos punibles, bien sea porque no se tramitan las denuncias, porque no aparecen las pruebas para condenar o porque dictada la sentencia condenatoria, el infierno de la cárcel hace intolerable la permanencia de los sentenciados.

En medio de este dramático cuadro, la autoridad, impotente, en lugar de propiciar la persecución de hechos punibles, amenaza a las víctimas y a quienes se atreven a denunciar, señalando que deben investigarse por la imágenes captadas por una videocámara, trasmitidas en un medio de comunicación social que exhibió al desnudo el modus operandi que en todos los sectores aterroriza a la comunidad, bajo el alegato de la creación de un estado de zozobra que en todo caso ha sido creado por la ineficiencia del Estado.

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http://noticias.eluniversal.com/2007/10/17/opi_35093_art_inseguridad,-impunid_518781.shtml