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En entrevista exclusiva para TECNOIURIS el penalista José Luis Tamayo explicó que el artículo 29 de la norma, que obliga a crear unidades permanentes que intercepten las comunicaciones, es inconstitucional.

 

Diana Lozano Perafán


Las  empresas de telecomunicaciones ya están obligadas a crear unidades permanentes que intercepten o graben conversaciones, pues aunque son múltiples las críticas que ha recibido el proyecto de reforma del COPP en el que los legisladores pretenden incluir tal disposición, lo cierto es que este mandato está previsto en el artículo 29 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, que entró en vigencia el pasado 5 de junio.

El penalista José Luis Tamayo afirmó en entrevista exclusiva para TECNOIURIS que estudia la posibilidad de solicitar la nulidad de la mencionada disposición debido a que es contraria a la Constitución. Además de analizar ese artículo, el especialista se pronunció sobre los aspectos más relevantes de la norma, que fue publicada en la Gaceta Oficial 39.194

 

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