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Fernando M. Fernández // Estricta legalidad

Hay que celebrar la derogatoria pero prepararse para el debate parlamentario
La ley penal es la más delicada en una democracia: debe cumplir con el principio de estricta legalidad penal. Esto es, debe ser una ley formal, estricta, escrita, pública, cierta y previa a los hechos, para poder tipificar un delito, establecer una pena o una medida cautelar y gozar de la constitucionalidad que la legitime.


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Esperan que Fiscalía demande la ley ante el TSJ (Oswer Díaz Mireles/Archivo) 
  
Experto espera que Fiscalía y Defensoría soliciten al TSJ que anule el texto

Como un instrumento que "va contracorriente a la tendencia de los países democráticos", que "legaliza lo ilegal" y que de facto deroga el debido proceso contenido en el artículo 49 de la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y los tratados internacionales de derechos humanos. Así calificó el profesor de Derecho, Fernando Fernández, la recién promulgada Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia.

I Congreso Nacional de Procesal Penal, Criminalística y Ciencias Forenses En Homenaje al Dr. Javier Elechiguerra 20, 21 y 22 de Junio. Hotel Maremares. Estudiantes: Desde 10/04/2008 al 15/05/2008 BsF. 250 Desde 16/05/2008 al 15/06/2008 BsF. 270 Profesionales: Desde 10/04/2008 al 15/05/2008 BsF. 300 Desde 16/05/2008 al 15/06/2008 BsF. 340


¿Dolo eventual?
Autor: Alberto Arteaga Sánchez

Actuar dolosamente es hacerlo con intención o con consciencia y voluntad del hecho

Sin emitir juicio sobre casos concretos, hoy bajo discusión, cuyos expedientes y pruebas no conozco, por lo que sería irresponsable opinar sobre ellos, me parece oportuno hacer referencia a un concepto que no es familiar a los lectores, como es el caso de dolo eventual, extraño inclusive a la práctica tribunalicia hasta hace algunos años.

Desde su promulgacion el 9 de abril hemos analizado con preocupacion el contenido de esta ley que pretende desde las vocerias oficiales hacerse ver como una ley que organiza una nueva policia nacional la realidad es que se trata de un decreto ley inconstitucional que pretende el control total de las instituciones policiales.