Fernando M. Fernández // Debido proceso

El debido proceso incluye a muchos de los DDHH y afecta a todos los otros

En la reforma constitucional se propone eliminar el derecho al debido proceso durante el estado de excepción. Esta abrogación significa una regresión a los tiempos del sistema inquisitivo que conducirá a juicios injustos. La razón es clara: el debido proceso incluye a muchos de los derechos humanos y afecta a todos los otros. El derecho a un debido proceso es un derecho humano universal, indivisible, progresivo, interdependiente e igual a todos los otros derechos humanos.

El debido proceso es universal, dado que toda persona tiene derecho a ser procesada penalmente con todas las garantías y mediante normas justas, reglados mediante una ley previa que garantice sus otros derechos humanos.


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Alberto Arteaga Sánchez // ¿Un pedazo del debido proceso?

Admitir que hay debido proceso a medias es un disparate. O lo hay o no lo hay

La nueva Constitución propuesta por la AN constituye un salto atrás en aspectos fundamentales de un Estado de Derecho y de Justicia. El sistema democrático resulta herido de muerte por los cambios introducidos y ello es así, aunque la colectividad no se encuentre concientizada ante la negación de principios básicos que tienen que ver con el desconocimiento de derechos inherentes a la persona humana, la concentración del poder, la abolición del pluralismo político y la consagración de una norma que persigue la perpetuidad en el ejercicio del gobierno.

Prueba del más auténtico atropello a los derechos ciudadanos y de la ignorancia supina en esta materia es la aprobación del artículo 337 con relación al debido proceso y al derecho a la información en estados de excepción.


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La impunidad también campea junto al incremento de la violencia.

Para los venezolanos, la inseguridad constituye el problema número uno que debe ser resuelto por el Estado. La inseguridad tiene que ver con el peligro grave y cierto para la vida, la libertad y los derechos de la persona. La amenaza permanente a estos bienes, la violencia a la vuelta de la esquina, los homicidios, secuestros, atracos y otras manifestaciones del ataque a bienes fundamentales de la persona constituyen expresión de la inseguridad en la que vivimos, a lo que se une la sensación de estar inseguros por la repetición, cercanía o experiencia vivida en sucesos que quisiéramos olvidar.

CARTA ABIERTA A VENEZUELA
DEL FORO PENAL VENEZOLANO, VIVE Y FUERZA INTEGRADORA
ANTE LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Ante las recientes reformas y añadidos planteados por la Asamblea Nacional al texto de las modificaciones la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela propuestas por Hugo Chávez Frías, queremos advertir a la Comunidad Nacional e Internacional lo siguiente:

1.- Sobre la ilegitimidad e inconstitucionalidad del planteamiento de reforma constitucional y de los mecanismos empleados para su aprobación.

Hemos dicho públicamente, y lo seguimos manteniendo, que los mecanismos que se están utilizando para la reforma del texto constitucional son en sí mismos inconstitucionales y violatorios de derechos humanos y fundamentales que reposan en el pueblo como portador del poder originario. Es así que las decisiones que se han tomado desde la Presidencia de la República, convalidadas por la
comisión presidencial nombrada para los efectos de reforma
constitucional, y hasta ahora avaladas por la Asamblea Nacional son, en estricto derecho, írritas y atentan contra los postulados fundamentales de rango constitucional sobre los que no le está dado al poder proponer modificación alguna. Se violan los mecanismos de cambios constitucionales establecidos por la misma Carta Magna, tal y como lo han expresado inclusive voceros oficialistas.


Cambia el núcleo esencial de los derechos humanos de una economía democrática
El Presidente de la República presentó un proyecto de reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Ver: http://www.asambleanacional.gov.ve/publico/biblio/pi_biblio.php?secc=Reforma). El mismo cambia el núcleo esencial de los derechos humanos de una economía propia del Estado Democrático y Social, de Derecho y Justicia.

Los derechos económicos están incluidos en el Título III de la Constitución vigente, en el cual se consagran y garantizan como derechos humanos. En tal sentido, se propone reformar el derecho a la libertad económica, la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.