Con la aprobación el día 22 de Abril de 2005, en la Asamblea Nacional de la nueva Ley Orgánica de Poder Público Municipal, se ha dado un giro de 180º en materia de la Potestad Tributaria de las localidades en nuestro país, entre esos cambios, radica la eliminación de la facultad que los Alcaldes tenían para contratar (art 120 ley a derogar) en particulares la Recaudación de los tributos, donde por vía contractual delegaban estas funciones, además de que si bien existe una prohibición expresa en la ley vigente de contratar la fiscalización, ambas competencias eran ejericidas por la parte contratada.