Apenas supe de la pretendida activación del RUPDAE por parte de la SUNDDE mediante una rueda de prensa el día 31 de marzo pasado, he venido insistiendo en la necesidad de corregir los vicios relativos a la omisión del procedimiento administrativo establecido en diferentes normas, todas ellas de rango Orgánico y las cuales son garantía de los derechos ciudadanos consagrados en el texto de la Constitución Nacional, tal es el caso de la LOPA, la LOAP y la misma LOPJustos. Así lo dejé sentado en el artículo que publiqué en  http://gerenciaytributos.blogspot.com/2014/08/el-rupdae-sigue-desnudo.html y en otros medios digitales, dentro de los cuales destaca el consecuente portal www.tuabogado.com, que siempre ha dado cabida a mis planteamientos dentro del ámbito tributario y de la actividad gubernamental. Ante la prórroga para la inscripción en el RUPDAE que se materializó el 03 de octubre de este año, no puedo menos que reiterar mi preocupación por cuanto se mantiene la insistente desviación al cumplimiento de la Ley, con lo cual se siguen lesionando mis derechos y el de mis compatriotas. Mi planteamiento esta vez lo hago en los tres actos de una obra que aún no define su episodio conclusivo, pero que espero que éste sea favorable a la restitución del derecho vulnerado y que así tenga mi historia un final feliz.

Camilo LondonCompartiendo un ameno almuerzo en una oportunidad con uno de mis profesores del Post Grado de Gestión de Tributos Internos de la ENAHP, coincidíamos en
afirmar que la materia de Derecho Administrativo debería ser de obligatoria inclusión en una prueba de admisión de todo funcionario público, muy
especialmente la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que es la norma rectora en el desempeño de las dependencias públicas cuando se
relacionan con los ciudadanos. Yo agregaría que además, es materia obligada para cualquier ciudadano, ya que difícilmente podamos hacer vida en nuestra
sociedad sin interactuar con el Estado, más aun cuando se trata de ejercer la actividad empresarial o profesional en cualquiera de sus diversos
ámbitos. Es cuestión de derechos de unos y deberes de otros.

Caso del ISLR aplicado a personas naturales

La progresividad del sistema tributario venezolano es un mandato constitucional consagrado como principio rector de éste en el artículo 316 del texto fundamental de nuestra república. Esto se logra en función del reconocimiento de que existen diferentes capacidades económicas entre los ciudadanos para contribuir con el sostenimiento del Estado.

Aumento de la Unidad Tributaria (U.T.) fue aprobado por la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional

Conforme lo estipula el artículo 3 del Código Orgánico Tributario (COT), por su carácter de determinación objetiva y de simple aplicación aritmética, la Administración Tributaria Nacional (SENIAT) reajustará el valor de la Unidad Tributaria de acuerdo con lo dispuesto en dicho Código. Más adelante el artículo 121, numeral 15 de este instrumento normativo estipula que:

"La Administración Tributaria (SENIAT), tendrá las facultades, atribuciones y funciones que establezcan la Ley de la Administración Tributaria y demás leyes y reglamentos, y en especial ... Reajustar la unidad tributaria (U.T.) dentro de los quince (15) primeros días del mes de febrero de cada año, previa opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, sobre la base de la variación producida en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Área Metropolitana de Caracas, del año inmediatamente anterior, publicado por el Banco Central de Venezuela. La opinión de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional deberá ser emitida dentro de los quince (15) días continuos siguientes de solicitada."

Sistema de retención de Impuestos en VenezuelaLa retención de impuestos no puede verse aisladamente sólo como un procedimiento de sustracción de una cantidad de dinero a un pago o importe adeudado a un proveedor, ella forma parte de un sistema complejo que tiene dos objetivos claramente definidos, uno el del control tributario y el otro de garantizar la recaudación del tributo. Este sistema lo conforman, un marco jurídico que le da sustento, plasmado en la Constitución, las Leyes y normas sublegales, la institución de la Administración Tributaria y por los particulares, bien como agentes de retención (responsables) o sujetos objeto de la misma (contribuyentes).