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Actualmente, la multa por incumplimiento de disposiciones en radio y TV es de Bs 4.000, cierre parcial o total. Los jóvenes ya tienen un amplio margen legal de protección YOLANDA OJEDA REYES EL UNIVERSAL El incumplimiento del reglamento de Radiocomunicaciones se penaliza con multas de 4.000 bolívares, mientras que las infracciones calificadas de graves con la suspensión temporal o definitiva de la planta. Esta es una de las razones por la cual Conatel ha planteado la necesidad de aprobar una 'Ley de Contenidos' o una Ley sobre la responsabilidad social en la prestación de los servicios de divulgación audiovisual o sonora, para modernizar los mecanismos de control. En la actual Ley de Telecomunicaciones se estableció que 'hasta tanto se dicte la Ley que regule el contenido de las transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, el Ejecutivo Nacional, mediante reglamento, podrá seguir estableciendo las regulaciones que considere necesario'. El diseño de este mecanismo fue un mandato expreso de la Ley y así fue aceptado en la amplia discusión del instrumento jurídico, que es reconocido hoy como uno de los mejores. Tanto el actual director de Conatel, Jesse Chacón, como el anterior, Diosdado Cabello, siempre dijeron: 'Estamos en deuda y tenemos que elaborar una Ley de Contenidos' y ahora se afina el anteproyecto de Ley, a presentarse a finales de febrero. Ya el Reglamento de Radiocomunicaciones de 1984 incluyó materias orientadas a clasificar horarios y prohibir ciertos contenidos, incorporados en el papel de trabajo. Recientemente Jesse Chacón dijo que 'lo que se pretende es agarrar una recopilación de aproximadamente 14 instrumentos que se han desarrollado en Venezuela a lo largo de 60 años, y vaciarlos en un instrumento único (...) que se convierta en uno que facilite la formación integral de niños y adolescentes, que es en sí el tema central de la propuesta que ha venido trabajando Conatel'. No obstante, la inclusión de temas específicos relacionados con la libertad de expresión, ligado a una situación conflictiva del jefe de Estado con los medios de comunicación, han creado un fuerte debate político que deja de lado el tema de salvaguardar a niños y adolescentes. Allí no parece estar la polémica.