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Como es del conocimiento público, el pasado 10 de diciembre el Tribunal de Control 31 de Caracas, a cargo de la Juez María Lourdes Afiuni, me otorgó una medida de libertad condicional, luego de estar detenido “preventivamente” sin ser juzgado durante 2 años y 10 meses. Lamentablemente, el gobierno venezolano intenta hacer creer que una decisión autónoma de la Juez Afiuni es producto de corrupción y componendas. En efecto, tristemente, en Venezuela el cumplimiento de la Ley se ha vuelto sospechoso y quien se atreve a seguirla y obedecerla se expone a ser “fusilado” moral y públicamente. Mi primer pensamiento va hacia esa juez valiente, recientemente designada para la atención de mi caso, a quien conocí el día de mi presentación en su Tribunal; y quien hoy paga con cárcel su independencia, exponiendo crudamente ante el mundo la verdad del sistema judicial venezolano; y mi sentimiento solidario a las decenas de presos políticos que hoy están en nuestras cárceles por pensar distinto y expresarlo públicamente.


El Presidente Hugo Chávez y la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, entre otros, han fortalecido mi causa al mentir públicamente, evidenciando sin lugar a dudas, mi condición de Preso Político. Convenientemente, obvian que en Febrero 2007 me presenté voluntariamente ante las autoridades, a enfrentar la situación judicial en la que me involucraban y por la que he debido ser procesado en libertad; hacen caso omiso a que mi juicio fue interrumpido abruptamente en junio del 2008, cuando un Tribunal mixto estaba a pocas horas de emitir su veredicto en un juicio que duró más de 2 meses y que seguramente me hubiera favorecido. Mantenerme preso por casi tres años, sin juicio, como ha sido reconocido nacional e internacionalmente es humanamente inaceptable, viola las Leyes de Venezuela y el sagrado Derecho Humano a la Libertad; sin mencionar lo forjado del cargo de distracción de recursos financieros del que se acusa.

Estos son los hechos ciertos que antecedieron a mí libertad condicional. Ante la evidente negligencia de la Fiscalía, quien con sus típicas tácticas dilatorias, no acude a las audiencias convocadas en los casos de presos políticos, y en presencia de dos representantes de la Procuraduría General de la República, la Juez, Dra. Afiuni, reconoció que la ausencia por segunda vez consecutiva de la Fiscalía, demostraba una evidente falta de interés del Ministerio Público, violando mi Derecho a un Juicio Justo. NO fue celebrada la audiencia, como aseguran falsamente el Presidente Chávez y sus colaboradores cercanos; de hecho, la audiencia fue nuevamente diferida. Sin embargo, ello no impedía a mis abogados ratificar en ese acto público y en presencia de otros representantes del Estado Venezolano, a quienes se les pidió opinión, la solicitud de revisión de la medida privativa de libertad, dado que me asistía el derecho, consagrado en la Ley, a solicitarla cuantas veces considerara conveniente.

En esta ocasión, ratificamos nuevamente mi solicitud de ser juzgado en libertad y presentamos al Tribunal la medida del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria que integra el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitida el pasado mes de Septiembre, que reconoce el carácter arbitrario de mi detención y pide mi procesamiento en libertad. Conforme a la Ley; a la opinión de la ONU presentada; ante la ausencia injustificada de la Fiscalía; y sin objeciones de la Procuraduría General de la República presente en el acto; la Juez de Control, Dra. Afiuni, procedió en ese acto público a concederme la medida sustitutiva de libertad condicional, bajo un régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país.

A pesar de la intencional desinformación gubernamental sobre el tema, debo recalcar que la decisión de la Juez fue emitida en un acto público, en presencia de la Procuraduría General de la República y considerando la recomendación de las Naciones Unidas. La Juez emitió su decisión basada en nuestros preceptos legales y en los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela que tienen carácter de Ley y son de obligatorio cumplimiento.

Los atropellos del cual han sido victimas la Juez, el personal del Tribunal y mis abogados me causan profundo pesar, y son inconcebibles en una República de Justicia y de Derecho, donde existen procedimientos legales para cuestionar la decisión de un Juez y no el capricho personal de quienes se sienten poderosos y dirigen la justicia a su conveniencia y por motivos políticos.

Miente el Presidente Chávez al decir que existían papeles previamente firmados por los abogados y los funcionarios. Miente la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, al calificar de irregular que los alguaciles, cumpliendo la orden judicial, me sacaran de la Sala de Audiencia y miente al afirmar que lo hicieron por una puerta escondida. Los alguaciles me llevaron desde la Sala de Audiencia hasta el Tribunal, donde en ese momento estaban en los pasillos los fiscales que declararon “no poder asistir” a la audiencia suspendida. Esperé en dicho Tribunal, hasta que se me informó que podía retirarme, y es solo entonces cuando los alguaciles me acompañan hasta la planta baja, donde queda la puerta principal del Palacio de Justicia, por donde salí por mis propios medios. El gobierno utiliza un juego de palabras al señalar que no hubo boleta de excarcelación. Ella no era necesaria puesto que no estaba en la cárcel, sino en un Tribunal, donde la autoridad judicial dictó y firmó una orden, permitiendo, como reza la Ley, enfrentar mi Juicio en libertad bajo las condiciones ya conocidas.

La subversión de las normas legales de la República; la violación y el atropello de la autonomía judicial; la violación a mis Derechos Humanos y los de las personas que se encontraban en el Tribunal; la abusiva actuación del Presidente de la República, cuando, a través de todos los medios de comunicación venezolanos, acusó, juzgó, condenó y dictó sentencia contra la Juez, los alguaciles y hasta contra mis abogados, sin investigación previa ni juicio alguno, demuestra cómo funciona la Justicia en Venezuela y cómo se subroga a los caprichos del Presidente de la República, quien autoerigiéndose en Juez, ordenó pena máxima para la juez por actuar conforme a la Ley. Dicha sanción no está tipificada en nuestro marco legal, ni existe delito alguno en la decisión autónoma y legal de la Juez. El Presidente de la República no está facultado para juzgar y sancionar a ningún miembro del Poder Judicial, constitucionalmente independiente y autónomo. Su actuación evidencia una vez más la precaria institucionalidad venezolana, generando alarma mundial.

Mi condición de preso político del régimen chavista por tener opiniones distintas, ha quedado más que ratificada No tuve otra opción que abandonar mi país, más aún, cuando se ordenó buscarme vivo o muerto, como lo transmitieron los medios de comunicación, es decir ordenándose mi asesinato.

He sido un preso político. Mi detención ha sido claramente discriminatoria. Me han violado mis Derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a un juicio justo y oportuno y a que se me aplique la Ley. Muy tristemente, en estas navidades y días festivos la Juez Afiuni se encuentra en las mismas circunstancias que yo viví: detenida arbitrariamente, violándole sus Derechos humanos y legales consagrados en las leyes Venezolanos y en Tratados internacionales suscritos por Venezuela.

Por las razones antes expuestas y ante las arbitrariedades y abusos judiciales contra mi persona y otros prisioneros políticos, me fui a los Estados Unidos de América donde existe y se respeta el Derecho Internacional.

La alegría de recuperar la libertad y reencontrarme con mi familia sólo serán completas cuando las personas agraviadas, perseguidas y encarceladas por cumplir la Ley sean reivindicadas y reconocida su inocencia, y cuando en Venezuela no haya un preso político porque se haya recuperado la verdadera democracia.

Eligio Cedeño
25 Diciembre de 2009