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Normativa Internacional

Una de las mas trascendentales resoluciones que ha emitido la Organización de Naciones Unidades sobre este tópico es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia sobre las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General en su resolución A/RES/40/34, del 29/11/1985. Aquí se señala que los procedimientos de reparación serán expeditos, justos, poco costosos y accesibles poniendo a disposición de las víctimas una indemnización financiera a cargo del delincuente y, si ello fuera posible, del Estado. En su artículo 8 se dispone que los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.

Igualmente, es fundamental tener presente que la cláusula abierta de las garantías relacionadas con la progresividad e indivisibilidad de los Derechos Humanos en nuestro contrato social. Acá vemos lo pautado en los artículos 19, 22, 29 y 30 de la Constitución. Ellos disponen:

“Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.”

“Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.”

"Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

 “Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.

El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo.

El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados”.

De los preceptos constitucionales antes trascritos se desprende que el constituyente no discrimina ni condiciona la obligación de indemnización a las víctimas (ver artículo 119 del COPP) o a sus derechohabientes de violaciones de derechos humanos por delitos leves, graves, preterintencionales, exceptuando a los culposos (es decir, contra las personas, que no hayan ocasionado la muerte o afectado en forma permanente y grave la integridad física de las personas).
En los delitos leves, preterintencionales, graves, estando en marcha un proceso judicial penal, sí se tiene demostrada la cualidad de acreedor (víctima) por lo cual se desprende claramente, por esta normativa del COPP, se deja a un lado los derechos humanos o innominados de las víctimas y se impide injustamente la indemnización a priori a que tienen derecho cuando se cometen este tipo de delitos. Sobre este particular, la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, en la Sentencia Número 214 del 02/05/2002 ha expresado que:

“Dada la gravedad del delito de robo, cuyo medio comisivo que lo diferencia del hurto, es la violencia o la intimidación personal, tal figura delictiva no es cónsona con la naturaleza de los acuerdos reparatorios.”