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Extinción de la Acción Penal

Nos dice la el artículo 40 del COPP que el cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto del imputado que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados o víctimas, el proceso continuará respecto de aquellos que no han concurrido al acuerdo.


Tenemos la Sentencia Número 543 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº H0013-99, del 03/05/2000 nos habla de cuál es el objeto, finalidad, efecto y recursos de los acuerdos reparatorios:


“La procedencia o no de recursos, en contra de las decisiones que se dicten con motivo de la aplicación del procedimiento que por acuerdos reparatorios celebren la víctima y el imputado, radica en el hecho de que dichas decisiones pudieran ser dictadas en violación de la ley, tanto en su forma como en el fondo, lo cual obviamente influiría en el resultado del juicio. En tal virtud, dicha decisión debe quedar sujeta al control por parte del órgano jurisdiccional de alzada."


"El interés entre la víctima y el imputado en celebrar el acuerdo reparatorio, tiene como objeto la resolución alternativa del conflicto surgido, indemnizándose a la víctima con una justa reparación, además de lograrse la extinción de la acción penal, que por razones de economía procesal, constituye una solución para evitar procesos largos y costosos. La procedencia o no de recursos, en contra de las decisiones que se dicten con motivo de la aplicación del procedimiento que por acuerdos reparatorios celebren la víctima y el imputado, radica en el hecho de que dichas decisiones pudieran ser dictadas en violación de la ley, tanto en su forma como en el fondo, lo cual obviamente influiría en el resultado del juicio. En tal virtud, dicha decisión debe quedar sujeta al control por parte del órgano jurisdiccional de alzada."”

Igualmente, nos dice el artículo 40 del COPP que cuando se trate de varias víctimas, podrán suscribirse tantos acuerdos reparatorios, como víctimas existan por el mismo hecho. A los efectos de la previsión contenida en el aparte siguiente, se tendrá como un único acuerdo reparatorio el celebrado con varias víctimas respecto del mismo hecho punible.

Cuando se trate de un concurso ideal de delitos, en los cuales el acusado con una sola acción lesionó intereses de varias personas, es necesario para que se extinga la acción penal mediante la conciliación, que “todas” ellas acepten conciliar con el acusado. De lo contrario, por tratarse de un solo hecho con variedad de consecuencias, si alguna de las víctimas no desea llegar a un acuerdo reparatorio, la acción penal debe continuar para los otros, debiendo el Juez declarar extinguida la acción penal y la pretensión de indemnización civil de las partes que conciliaron. No es posible por tratarse de una sola acción, declarar extinguida parcialmente la acción penal, dado que podría dar lugar a una cosa juzgada. El artículo 26 de la Constitución garantiza a todos los ciudadanos la tutela judicial efectiva, de manera que cada ciudadano tiene el derecho a decidir si renuncia a la persecución penal, o bien si desea conciliar. Dice este conocido artículo para el foro que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

Acuerdos Reparatorios y Personas Jurídicas

En primer lugar, hay que destacar que el hecho punible debe recaer exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial; y habría que analizar la voluntad de los socios en su cuerpo normativo en sus estatutos sociales o documento constitutivo: luego, hay que revisar cuál ha sido la costumbre mercantil en esa sociedad en particular. Es decir, que ha hecho frente a determinadas situaciones relacionadas con el comercio de mercaderías o servicios en donde han podido ocurrir ilícitos penales. Si hacemos una interpretación restrictiva del artículo 40, numeral 1 tenemos que enfocarnos imprescindiblemente en un abanico de diversas especies delictivas en nuestra legislación por la categoría de delitos catalogados o relacionados con la propiedad, como bien jurídico genéricamente protegido.

Otra situación similar podría presentarse cuando se trate de delitos cometidos contra una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. Una de las pocas decisiones venezolanas que pueden conseguirse en Internet que tocan en forma tangencial este tema, es la Sentencia Número 245 de la Sala de Casación Penal, del 02/07/2010, Exp. 2008-270, en la que, entre otras cosas, el ciudadano Natalio Esteves Rodríguez y la ciudadana Olga Di Giacomo Belandria, constituían en sociedad, la empresa mercantil Slain 99, S.R.L., persona jurídica, según dice la sentencia, a quien pertenecía una maquinaria, siendo materializado el hecho punible en la venta del bien mueble, sin autorización de su socia, y sin trasladar al patrimonio de la empresa el producto de la venta del mueble, ocasionado entonces un gravamen patrimonial a tal persona jurídica y al otro socio, que en este caso era la ciudadana Olga Di Giacomo Belandria, donde por distintas razones que no vienen al caso, se declaró un avocamiento Sin Lugar, pero se anuló de Oficio la decisión pronunciada el 26 de septiembre de 2002 por la Sala N º 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y sus actos subsiguientes y ordenara la devolución del vehículo Payloder, marca Caterpillar, al ciudadano ELEAZAR URBINA VALERA.

La Sala de Casación Civil en la Sentencia Número 132 del 26/04/2000 sobre el artículo 12 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. Nos dice sobre la interpretación y alcance:

 
“El legislador establece la responsabilidad de los socios en forma individualizada, esto es, personal, pero solidaria para aquellos que efectuaron el acto generador del hecho ilícito por cuenta de la asociación que integran; mas no, la solidaridad entre todos los socios de la sociedad; sin embargo, ésta adquiere como persona jurídica la solidaridad por las actuaciones de los socios en el campo del resarcimiento patrimonial; lo cual traduce, que la sociedad responde por la actividad de sus socios cuando actúan en su nombre.”

En este caso, la persona jurídica es la directamente ofendida con el delito. Sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal también les da el carácter de víctima a los socios, asociados o miembros de la agrupación ofendida, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan, con lo cual les da la posibilidad de apersonarse al proceso penal en forma separada, con plena independencia de la persona jurídica afectada por el delito. Creo que en estos casos, al representar el socio, o asociado, solo una parte del capital social de la sociedad, su participación como víctima está muy limitada. No existirá posibilidad de que el socio concilie con el acusado, y extinga así la acción penal. Será quien ejerza la representación judicial y extrajudicial de la sociedad o asociación, quien tendrá legitimación para decidir por la persona jurídica afectada, si concilia con el acusado, lo cual eventualmente y según las disposiciones contenidas en el pacto constitutivo, requerirá un acuerdo de la asamblea de accionistas o asociados. De lo contrario se estarían afectando los intereses de una persona jurídica por una decisión de una persona que no tiene facultades legales para ello y que representa solo un porcentaje del capital social. Considero que basta con la anuencia del representante judicial de la sociedad, y el acuerdo de la asamblea de socios para dar finiquito a esa situación. Aun y cuando alguno de los socios se opusiera a la conciliación y estuviera apersonado al proceso como víctima, al pertenecer él a la sociedad, si existe un acuerdo de mayoría de la asamblea en ese sentido, su oposición carece de sustento legal conforme a las disposiciones del código de comercio. Tampoco podría el socio ejercer la acción civil y demandar el cobro de los daños y perjuicios, pues existiría un serio problema de legitimación, dado que el dinero le pertenece a la persona jurídica y no a él, que solo representa un porcentaje del capital social. Estimamos que debe interpretarse la participación del socio o asociado de la persona jurídica afectada, como limitada al derecho de ser notificado de las resoluciones que pongan fin al proceso, y de ejercer los recursos concedidos a la víctima, pues en estos casos no se está renunciando a derechos pertenecientes a otras personas.

La Sentencia Número 834 del 18/06/2009 con Ponencia de la Dra. Carmen Zuleta de M, Exp. 03-0296, nos habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas:


"Así entonces, la teoría de la adecuación típica se resuelve a través de la teoría de la imputación y no a través de la teoría de la relación causal; ubicándola en el plano valorativo y atendiendo a un concepto moderno y social de la acción, llamado también teoría objetivo-final de la acción. Según esta concepción los hechos o acciones deben concebirse como fenómenos naturales de la vida social y la responsabilidad penal debe ser entendida -en su función social- como atribución de pena de acuerdo a los parámetros constitucionales de protección preventiva de bienes jurídicos. Ello significa que la discusión dogmática cede ante los problemas sociales, siendo el resultado de un cambio de paradigma cuya legitimidad viene dada por la capacidad de resolver los problemas que se plantean espacio-tiempo.

Tal postura, de cara a una concepción laxa de la responsabilidad penal, permite reorientar el concepto de imputación en la teoría del delito fracturando las estructuras ontológicas del Derecho Penal para concluir que las personas jurídicas ostentan la capacidad de culpabilidad penal -imputabilidad-, puesto que la culpabilidad ya no se concibe como un juicio de reproche eminentemente personal sino como un juicio que -en tanto función social- protege preventivamente los bienes jurídicos, siendo que la tutela penal abarca a todas las personas, ya sean estas naturales o jurídicas; aceptar lo contrario y aferrarse al principio tradicional societas delinquere non potest implicaría -frente a novedosas formas de criminalidad- dotar de impunidad a los entes colectivos y convertirlos así en gérmenes para la sociedad.

A esa nueva dimensión de la responsabilidad penal apunta el Derecho Comunitario de la Unión Europea, que estipula la responsabilidad de las personas jurídicas, entendidas como una unidad económica. Así merece destacar las siguientes sentencias del Tribunal de la Comunidad Europea, recaídas en los  casos: Christiani & Nielsen del 18 de junio de 1969, Farbstoffe del 24 de julio de 1969;Johnson & Johnson del 25 de noviembre de 1980; Moet & Chandon del 27 de noviembre de 1987; AEG del 6 de enero de 1982 y Zinc Producer Group del 6 de agosto de 1984."