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Caracas, 13 Jul. AVN .- A dos años de prisión fue condenado el ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, por la comisión del delito de difusión de información falsa emitida en un programa de televisión el pasado 08 de marzo de 2010, cuando afirmó que Venezuela se había convertido en un centro de operaciones que facilita el narcotráfico.

Luego de numerosas audiencias, la fiscal 21° nacional, Gineira Rodríguez, solicitó al Tribunal 21° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC) se dictara sentencia condenatoria por el referido delito, mientras que solicitó que con relación a la instigación a delinquir se dictara el sobreseimiento de la causa.

De acuerdo con una nota emitida por el Ministerio Público, el tribunal dictó la condena y ordenó que Álvarez Paz permaneciera en libertad condicional, pero le mantuvo la prohibición de salida del país.

A Álvarez Paz se le ordenó su enjuiciamiento al admitir el Tribunal 25° de Control del AMC los delitos de instigación pública y difusión de información falsa, de acuerdo con lo previsto en los artículos 285 y 296-A, del Código Penal.

El MP en esa oportunidad pidió el sobreseimiento en relación con el delito de conspiración, acto que se realizó según lo establecido en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

La investigación del caso se inició el 09 de marzo de 2010, debido a la denuncia efectuada por los entonces diputados de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Manuel Villalba y Pedro Lander.

El ex gobernador del estado Zulia fue detenido el pasado 22 de marzo de 2010, en horas de la noche, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando se encontraba en su residencia, ubicada en la urbanización La Boyera, municipio El Hatillo.

El procedimiento se practicó ante la solicitud realizada ese mismo día por la fiscal Rodríguez, con fundamento en el COPP. Luego fue presentado ante el Tribunal, instancia que acordó la medida de privación de libertad.

Sin embargo, el 12 de mayo de 2010, fue cambiada la privación de libertad por medidas cautelares de presentación periódica y por las restricciones de salida del país y de declarar ante los medios de comunicación social sobre su caso, medidas que fueron ratificadas en la audiencia preliminar.

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