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Alberto Arteaga Sánchez
Hemos retrocedido a etapas que creíamos superadas del viejo régimen inquisitivo
A 10 años de la Constitución y del COPP, instrumentos que consagran las garantías judiciales, esto es el debido proceso, el panorama no es de celebración, sino de triste conmemoración y recordatorio de textos amarillentos, permanentemente violados, en forma tal que puede decirse que, en lugar de avanzar, hemos retrocedido a etapas que creíamos superadas del viejo régimen inquisitivo, instaurada de nuevo la práctica vieja y nefasta de utilizar el enjuiciamiento penal como sanción, centrado en la privación de libertad que se aplica como pena anticipada.
La "justicia penal" de este nuevo siglo se ha convertido en el instrumento por excelencia para perseguir y encarcelar a los adversarios políticos.
Mientras no respetemos el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, a un proceso sin dilaciones indebidas y a la aplicación de penas que no impliquen tratos crueles e infamantes, no podemos hablar en Venezuela de respeto a los Derechos Humanos.
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Por: Zdenko Seligo para Tecnoiuris.com
Visto que la mayoría de los delitos en Venezuela son de acción pública, en nuestro COPP el ejercicio del ius punendi corresponde al fiscal del ministerio público. Por ello, dice el artículo 326 del COPP que cuando el Ministerio Público, ya sea en la persona de la fiscalía titular o auxiliar (quien tiene la competencia para presentarla individualmente) estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la Acusación ante el Tribunal en Funciones de Control respectivo.
El Fiscal del Ministerio Público debe citar al imputado e indicarle que debe comparecer acompañado de por lo menos, un defensor, para realizar el acto formal de imputación, para que el abogado se juramente, porque si no estaría viciada de nulidad absoluta la acusación presentada. Es importante ver sobre este punto de juramentación y defensa, la Sentencia No. 1.236 del 21-06-06, exp. 06-0495 de la Sala Constitucional (SC).
Interponer una Acusación Fiscal significa, entre otras cosas, cerrar y completar una investigación penal, y así la víctima adquiere igualmente su condición formal de parte (ver la Sentencia No. 280 del 23-02-07, exp. 05-1389 de la SC).
Contenido de la Acusación Fiscal:
1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor;
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado;
3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan;
4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables;
5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad;
6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado.
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Por Zdenko Seligo
¿CUALES SON LAS DECISIONES RECURRIBLES?
El artículo 459 del COPP dice que el Recurso de Casación Penal sólo podrá ser interpuesto en contra de las Sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites, cuando el Ministerio Público o el acusador particular o acusador privado hayan pedido la aplicación de penas inferiores a las señaladas.
Asimismo, esta norma señala que serán inimpugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aun cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.
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Diana Lozano Perafán
La República no puede ser condenada en costas ni siquiera cuando hubiere sido completamente vencida en un juicio penal, a pesar de que el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal prevé que los gastos originados durante el proceso judicial corresponderán al Estado cuando el imputado resulte absuelto de la totalidad de los cargos.
Así lo estableció la Sala Constitucional del TSJ al resolver un recurso de colisión entre la mencionada norma y lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el 10 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y en el 287 del Código de Procedimiento Civil, en los que se establece que la Nación no puede ser condenada en costas. Este es el criterio que según los magistrados debe prevalecer.
Leer más: República no puede ser condenada en costas ni siquiera en juicios penales
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por Zdenko Seligo (*)
El Habeas Corpus es el recurso adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida arbitrariamente por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad a través del llamado mandamiento de Habeas Corpus, si esta se encuentra
actualmente bajo la circunstancia de privación o restricción de libertad.
La figura del Habeas Corpus se interpone por escrito o verbalmente ante el juez en funciones de control de la circunscripción judicial penal en donde se encuentra detenida la persona, es decir, dentro de la jurisdicción donde se hubiese producido la privación ilegítima, o por urgencia mediante Internet a través de correo electrónico con ratificación personal o mediante apoderado judicial, la cual se hará dentro de los 3 días siguientes a su recepción ante el Tribunal que utilice estos medios tecnológicos.
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