Gonzalo Himiob SantomeEn entrevista exclusiva para TECNOIURIS el penalista Gonzalo Himiob se pronunció sobre algunas de las modificaciones más relevantes del COPP.



Diana Lozano Perafán



Uno de los 37 artículos modificados en la reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) fue la disposición 108, referida a las atribuciones del Ministerio Público. Para el especialista en Derecho Penal, Gonzalo Himiob, este es uno de los cambios más preocupantes que sufrió la norma publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5.930 del pasado 4 de septiembre.


Según el numeral 3°, la Fiscalía General de la República podrá requerir, incluso a organismos privados, la práctica de peritajes o experticias que sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, “sin perjuicio de la actividad que desempeñen los órganos de policía de investigación penales”.

Carta de Luis Enrique Molina Cerrada policia sentenciado por los sucesos del 11 de Abril 2009

Enviado por Laura Perez

Luis Enrique Molina Cerrada:

"Soy INOCENTE, Soy Policía con Mucho Honor y con Mucho Orgullo". Privado de LIBERTAD injustamente, desde hace 06 años y 04 meses, por los sucesos del 11 de abril del 2.002.

Declaré ante la Juez: «El único delito que cometí fué salir de mi casa a las 6:00am para trabajar en la Comisaría Rafael Urdaneta ubicada en El Calvario y posteriormente a la Plaza Miranda.
En el momento de los acontecimientos habían más de 68 pistoleros civiles disparando con diferentes armas de fuego cortas, largas y de distintos calibres...¿por qué no se les ha abierto una investigación?, ¿y en donde están los francotiradores que el gobierno dejó en libertad?.....interrogantes sin respuestas. Busquen investiguen a los verdaderos culpables, para mí, la persona que le hace frente con un arma de fuego a un Funcionario Policial debidamente Identificado, es un delincuente, YO SOY INOCENTE, no he matado ni agredido a nadie.

Enviado por Laura  Pérez de Molina

Caracas, julio 17, 2009

Denuncia de violaciones constitucionales y legales más prominentes ocurridas en el proceso penal seguido a los comisarios y funcionarios de la Policía Metropolitana, acusados por los hechos acaecidos en caracas el día 11 de abril de 2002

  • Detalles de la causa
  • Resumen de las violaciones constitucionales y legales ocurridas durante el proceso
  • La parte dispositiva de la sentencia dictada por el Tribunal Cuarto Mixto de Juicio de Maracay
  • La sentencia dictada: monumento a la iniquidad e injusticia
  • Observaciones finales de interés
  • Abogados Defensores

 

Foto pr: m-a-emp.gob.ve

Opinión de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz

El artículo 60 de la Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a la protección  de su honor y reputación. Este derecho está protegido a través del Código Penal, que establece sanciones para los delitos de difamación e injuria. Es decir, frente a un derecho el Estado otorga la garantía de sancionar a quien exponga a otro al desprecio público.

Foto por: demarisseaY

Keymer Avila

Abogado Magna cum Laude, egresado de la UCV


RESUMEN
¿El órgano de investigaciones debe ser considerado como una policía más? O por el contrario ¿tiene características propias que lo alejan de la institución policial? ¿Debe estar adscrito al Poder Ejecutivo o al Ministerio Público? Del enfoque de las respuestas a estas preguntas pueden depender importantes decisiones políticas en materia de Derechos Humanos. En este trabajo se intenta reflexionar sobre estas interrogantes en el contexto venezolano -que de seguro no se aleja mucho del latinoamericano-, con una intencionalidad clara: la reducción de la violencia estatal. Se parte de la situación socio-política actual para ubicar en sus entrañas a las instituciones estudiadas: el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Ministerio Público y al Sistema de Justicia Penal en general; se trata de entender sus relaciones desde el ser y del deber ser con el objeto de sugerir algunas alternativas políticas concretas en procura de la protección de las víctimas del sistema penal; lo que se obtendrá en buena medida con la disminución del poder bélico y de la discrecionalidad de los operadores del sistema, junto al aumento de los controles hacia los mismos, en especial los que se encuentran en la fase de investigación penal.