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lsuc.on.ca, 03 de junio 2010
"El Colegio de Abogados de Alto Canadá condena públicamente la detención y encarcelamiento de la juez María Lourdes Afiuni por la liberación de un acusado, cuya detención preventiva fue en violación de las leyes venezolanas.

La represalia de los magistrados en ejercicio de sus funciones judiciales y garantizados por la Constitución demuestra el incumplimiento de las funciones fundamentales del principio de independencia judicial y debilita la democracia y el imperio de la ley. Los informes indican que el 09 de diciembre 2009 la juez María Lourdes Afiuni fue detenida por oficiales de inteligencia (venezolanos) después de ordenar la libertad condicional, en espera de juicio, de Eligio Cedeño. La detención del Sr. Cedeño fue declarada arbitraria en septiembre de 2009 por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que citó violaciones  de su derecho a un juicio justo.

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Traducción: @LigiaBolivar

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas dirigió un discurso a las participantes en la Conferencia de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, realizada en Seúl, en el que se refiere la la Juez María Lourdes Afiuni en los siguientes términos:

“Debemos tomar esta oportunidad para expresar nuestra solidaridad con colegas judiciales que han sido atacadas o encarceladas por sus gobiernos, no necesariamente por ser mujeres, sino por su integridad y convicción. Estoy particularmente preocupada por Birtukan Mideksa de Etiopía y María Lourdes Afiuni de Venezuela.”

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Ciberperiodistas cada vez sufren más riesgo de censura y encarcelamiento
america.gov
Washington - Por primera vez la cifra de periodistas cibernéticos en prisión casi excede la cantidad de periodistas de medios de prensa y difusión tradicionales encarcelados, según el Centro de Ayuda a Medios Internacionales (CIMA), una iniciativa del Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy), una entidad privada sin fines de lucro dedicada a fortalecer las instituciones democráticas en todo el mundo.

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Hoy es Viernes Santo, 2 de abril de 2010. La forzada reclusión en un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN, antes DISIP), policía política del régimen, sirve para reflexionar sobre algunas cosas fundamentales.

Muerte y resurrección del Señor

La primera se refiere a la Semana Mayor. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Domingo de Ramos, la inmediata pasión, muerte y resurrección, son mandatos de vida que nos obligan a continuar siendo fieles a sus enseñanzas y a su ejemplo. Principios y valores eternos, sustento de la dignidad de la persona humana, fundamentales para su existencia, independientemente de la condición social y política. Hoy tienen más vigencia que nunca. Cristo murió en la Cruz por nosotros y para nosotros. Resucitó al tercer día, para no morir jamás.

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cidh.org, Washington D.C., 25 de marzo de 2010

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela.

Durante el 138 período de sesiones, la Comisión recibió información actualizada sobre la situación de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, quien se encuentra privada de libertad y para quien el 11 de enero de 2010 se otorgaron medidas cautelares, tras recibir una solicitud en que se indicaba que la habían amenazado con quemarla viva en la cárcel. En su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la CIDH informó sobre la situación de la jueza Afiuni Mora, quien el 10 de diciembre de 2009 ordenó la liberación de una persona que había estado privada de libertad por más de dos años, plazo máximo de detención preventiva contemplado en la ley. El presidente Hugo Chávez dijo al día siguiente en cadena de radio y televisión que pedía 30 años de prisión para la magistrada, y un día más tarde la jueza fue imputada por graves delitos por el Ministerio Público.

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