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Iniciada segunda discusión de Reforma de la Ley Orgánica del TSJ

La normativa tiene por objeto establecer el régimen, organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, que es el más alto tribunal de la República

La plenaria de la Asamblea Nacional dio inició a la segunda discusión de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, presentada por la Comisión de Política Interior, aprobándose los primeros 52 artículos.

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tsj.gov.ve

Los recién egresados ven “con mucha esperanza” el planteamiento del Poder Judicial venezolano que ha través de “acertadas decisiones y de una administración eficaz, da muestras de que está construyendo el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que necesita nuestro país”

Durante el acto de Apertura de las Actividades Judiciales del año 2010, desarrollado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, se contó con la presencia de los graduandos de la I Promoción del Programa de Formación de Grado de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), quienes felicitaron al Poder Judicial por dar cuentas de su gestión ante el país.

“Éste es el Poder Judicial del que nosotros queremos formar parte,  el que nos abrió las puertas y nos señaló el camino a seguir en la búsqueda de la justicia para el más necesitado. Nosotros estamos preparados para ser los artífices de la transformación jurídica que necesita el país”, dijo Virginia González Jiménez, egresada del núcleo UBV-Aragua.

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tsj.gov.ve, Caracas, 14 de enero de 2010

"...Todos los funcionarios judiciales, ejecutivos, administrativos y obreros de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, Inspectoría General de Tribunales, Unidad Autónoma de la Defensa Pública, Escuela Nacional de la Magistratura, Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Tribunales con competencia en lo Civil, Mercantil,  Tránsito,  de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Agrarios, Marítimos, Laborales, Contencioso Administrativos, Contencioso Tributarios, Penales Ordinarios, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Juzgados con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, laborarán en el horario comprendido de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., a partir de la presente fecha y como medida temporal generada por la situación a nivel nacional en materia de energía eléctrica..."

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Como es del conocimiento público, el pasado 10 de diciembre el Tribunal de Control 31 de Caracas, a cargo de la Juez María Lourdes Afiuni, me otorgó una medida de libertad condicional, luego de estar detenido “preventivamente” sin ser juzgado durante 2 años y 10 meses. Lamentablemente, el gobierno venezolano intenta hacer creer que una decisión autónoma de la Juez Afiuni es producto de corrupción y componendas. En efecto, tristemente, en Venezuela el cumplimiento de la Ley se ha vuelto sospechoso y quien se atreve a seguirla y obedecerla se expone a ser “fusilado” moral y públicamente. Mi primer pensamiento va hacia esa juez valiente, recientemente designada para la atención de mi caso, a quien conocí el día de mi presentación en su Tribunal; y quien hoy paga con cárcel su independencia, exponiendo crudamente ante el mundo la verdad del sistema judicial venezolano; y mi sentimiento solidario a las decenas de presos políticos que hoy están en nuestras cárceles por pensar distinto y expresarlo públicamente.

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Ante los incesantes atropellos e infamias cometidas por el Ministerio Público, a través de diversos medios de comunicación, tratando de crear una matriz de opinión, totalmente distorsionada de los hechos ocurridos el día 10 de diciembre de 2009, haciendo ver ante la opinión pública que mi persona se encuentra incursa en la Comisión de Ilícitos Penales, manipulando actas, oficios en un expediente donde simplemente se dictó una medida sustitutiva de la privativa de libertad en el acto de diferimiento de la audiencia preliminar por incomparecencia del Ministerio Público, medida otorgada que fundamentada simplemente en normas constitucionales de obligatoria cumplimiento; a favor de un procesado; quien independientemente de su inocencia y/o culpabilidad de los hechos imputados, ya que no es la fase procesal para determinarlas, sino de acuerdo a los postulados del artículo 264 COPP y evidente retardo procesal del cual ha sido víctima, lo hizo merecedor de pleno derecho de plena medida como cualquier justiciable, sin distingo de ningún tipo.

Me he visto en la necesidad de escribir estas líneas a objeto de aclarar ante mi familia, mis seres queridos y la opinión pública y ante el mismo Presidente de la República que este tipo de decisiones, que se producen a diario en diversos juzgados del país, no requieren de la presencia de las partes, ya que las mismas son dictadas, luego de que el juzgador al analizar las actas que integran el expediente, que en el presente caso 278 piezas, que fueron revisadas en su totalidad luego de verificar que el retardo procesal no es provocado por quien solicita la medida menos gravosa, puede ser acordada en cualquier grado y el estado del proceso, tenemos la contraparte de ejercer los recursos procesales que estime pertinente.

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