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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL

Caracas, 28 de julio de 2020

211° y 161°

RESOLUCIÓN N° 03-2020

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, determinantes en la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, dicta la presente Resolución.

CONSIDERANDO

Que en fecha 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia la enfermedad infecciosa producida por el virus conocido como Coronavirus (COVID-19), que afecta a todos los continentes, garantizando con ello la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen.

CONSIDERANDO

Que en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.519, de fecha 13 de marzo de 2020, fue publicado Decreto número 4.160, emanado de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos habitantes de la República Bolivariana, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, y así mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el Coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas.

Carlos Brender


El artículo 364 del Código de Procedimiento Civil, dice lo siguiente:
“Terminada la contestación o precluido el lapso para realizarla, no podrá ya  admitirse la alegación de nuevos hechos, ni la contestación a la demanda, ni la reconvención, ni la cita de terceros a la causa.”   

En este orden de ideas, conforme a la redacción de esta disposición legal, el principio de la preclusión ocurre, bien sea, por la presentación de la contestación, o bien, por el vencimiento del lapso previsto en el artículo 359 eiusdem, es decir, vencidos los veinte (20) días siguientes a la citación del demandado.

Ahora bien,  el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil, dice:
“La contestación de la demanda podrá presentarse dentro de los veinte días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fueren varios, a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192, sin necesidad de la presencia del demandante. En todo caso, para las actuaciones posteriores se dejará transcurrir íntegramente el lapso del emplazamiento.”

Como se observa, existe una colisión entre lo previsto en el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil y lo dispuesto en el artículo 364 eiusdem, en virtud de que, conforme a la primera disposición legal el principio de la preclusión viene dado por el transcurso del lapso previsto para la contestación de la demanda y, mientras que, según la segunda disposición legal, el principio de la preclusión viene dado por dos (2) supuestos de hecho,  bien sea, por la presentación de la contestación, o bien, por el vencimiento del lapso legal.

Consideraciones técnico legales de los videos tomados por autoridades públicas. Los vídeos de policía; los vídeos de tránsito; los videos privados y los elementos técnico juridicos a ser tomados en cuenta para el uso de vídeos en juicio.

Carlos BrenderLa dilación judicial constituye un problema para la administración de justicia. La falta de pronunciamiento por los órganos jurisdiccionales fuera de los lapsos previstos por la ley, constituye una violación directa a la Constitución. La justicia tardía no es justicia “iustitia moratus non iustitia”. “Nada se parece tanto a la injustica como la justicia tardía” (SENECA). El juez es el último garante de que se cumpla la ley; es decir, es la última resistencia para evitar que se abra paso a una tiranía de los poderes fácticos (MONTESQUIEU). El justiciable no puede estar sujeto al capricho del sentenciador para que éste decida cuando quiera o cuando pueda, sino cuando DEBA. La actividad jurisdiccional se derrumba como un castillo de naipes y lo hace inocuo, inútil e ineficaz cuando el justiciable no obtiene oportuna y adecuada respuesta.

Existen varios factores que inciden en la dilación judicial, entre otros:

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