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Autor: Abg. JULIO RODRIGO CARRAZANA GALLO Profesor de Postgrado en Derecho Tributario U.S.M. Escritorio Jurídico Tributario/Aduanero Figueroa-Araneda-Carrazana & Asociados aduanas @ cantv.net Disquisiciones acerca de la actualidad aduanera**

LAS PIEZAS DEL DERECHO ADUANERO**

 

El jurista no puede resolver ningún problema sirviéndose sólo del Derecho positivo, esto es, sin recurrir a juicios de valor; a juicios sobre lo justo y lo injusto que, por lo tanto, transcienden el Derecho positivo”.

Manuel Atienza. (Tras la justicia).

 

Este año que concluye, ha resultado ser sumamente activo en cuanto al Derecho Aduanero se refiere. En el aspecto administrativo, se constató la renuncia del Intendente Nacional de Aduanas, hasta ese momento Jefe de la Administración Aduanera del SENIAT, este hecho conllevó a una sustitución casi total de la máxima jefatura del nivel normativo aduanero, alcanzando incluso algunos cargos de la estructura administrativa y operativa del ente tributario, como fueron los casos de las Gerencias de Recursos Humanos, Jurídico Tributaria, División de Arancel, Aduanas Principales y de Tributos Internos Regionales. En lo que respecta a las Gerencias de Aduanas Principales, observamos con agrado la incorporación a dichos cargos de profesionales con dilatada trayectoria y experiencia en el campo aduanero, a modo de ejemplo, Puerto Cabello y La Guaira, no obstante que se hace imprescindible que las jefaturas de áreas y divisiones en dichas unidades operativas, sean ocupadas por profesionales graduados universitarios y con estudios vinculados directamente con la materia aduanera, a fin de agilizar los procedimientos administrativos que se desarrollan a diario en esas dependencias, y dar cumplimiento estricto, así, a lo pautado en la Ley Orgánica de Aduanas.

 

ASPECTOS JUDICIALES

 

En lo atinente al campo judicial, constatamos la acción desarrollada por la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la DISIP, en su carácter de órgano de policía de investigaciones penales, mediante la cual se pretendió, en principio, arremeter contra los ilícitos delictuales aduaneros, específicamente el contrabando, y de aquellas personas, comerciantes y funcionarios públicos, que resultase comprometida su autoría o participación, producto de las investigaciones realizadas, mediante fundados elementos de convicción. La inexperiencia en las lides jurídico-aduaneras, demostrada por el órgano de policía de investigaciones penales, traducida en la mayoría de las situaciones en una incorrecta calificación jurídica de los hechos que dieron lugar a acusaciones, permitió el sobreseimiento dictado por los jueces de control, a requerimiento de la propia Fiscalía, cuando dichas conductas, en el peor de los casos, no pasaban de ser meras infracciones aduaneras, sancionables conforme a la Ley Orgánica de Aduanas con penas pecuniarias y accesoriamente el comiso de las mercancías, sin perjuicio de sanciones administrativas  aplicables a los funcionarios y auxiliares de la administración que resultasen responsables por negligencia, impericia, inobservancia de reglamentos o falta de previsibilidad. Esta situación debe llamar a una reflexión inmediata, no sólo a la Fiscalía General de la República, sino también a la Procuraduría, Contraloría, Dirección Ejecutiva de la Magistratura e incluso al propio SENIAT, que conlleve a elaborar un proyecto de formación profesional aduanera permanente de sus funcionarios, en primer, lugar atendiendo a la especialidad propia de la materia aduanera, la cual implica elementos jurídicos vinculados ampliamente a diversas ramas del Derecho, como son Constitucional, Administrativo, Tributario, Penal, Internacional Público, Contencioso Tributario y Administrativo, Financiero, Civil, Mercantil, Procesal Penal y Civil, entre otros, sin menoscabo de los aspectos técnicos propios de la ciencia aduanera, especialmente Valoración y Nomenclatura Arancelaria. El Código Orgánico Tributario/2001 ya nos advierte la creación de una jurisdicción penal especial tributaria, que requerirá jueces, fiscales y abogados especialistas en la materia. Sin lugar a dudas, el Código Orgánico Aduanero, en cumplimiento de un mandato Constitucional, deberá incluir la creación de una jurisdicción Penal y Contenciosa Aduanera, que permita hacer accesible, imparcial, idónea, autónoma, transparente, responsable equitativa y expedita la justicia aduanera.

 

REGULACIONES NORMATIVAS

 

No menos importante ha resultado el plano normativo, ya sea legislativo o de rango sub-legal, en cuanto a la producción de normas que regulan las relaciones jurídico-aduaneras, así como los derechos y obligaciones derivadas de ellas, las cuales se han visto sustancialmente modificadas con la promulgación del nuevo Código Orgánico Tributario. Este contempla tres tipos de vacatio legis, como son: al día siguiente de su publicación, noventa días continuos posteriores a su publicación y trescientos sesenta días continuos después de su publicación. Dicho instrumento jurídico, se aplicará por vía principal para los tributos aduaneros, hasta tanto se dicte el Código Orgánico Aduanero, en lo que respecta a los medios de extinción de la obligación aduanera, a los recursos administrativos y judiciales, a la determinación de intereses y en lo relativo a las normas para la administración de los precitados tributos; para los demás efectos sólo se aplicará con carácter supletorio. Esta situación implica que un importante número de figuras jurídicas que venían siendo reguladas por la Ley Orgánica de Aduanas promulgada en 1.998, con vigencia a partir de enero de 1.999, se regirán por las disposiciones del Código Orgánico Tributario, conforme a la las vacatio legis señaladas, lo que se traduce en una eminente necesidad de dictar a la brevedad posible el Código Orgánico Aduanero, que permita una recopilación sistemática  de la normativa que regula el derecho aduanero, a fin de acabar con la actual difusión normativa, que impide su correcta interpretación.

 

NUEVO MARCO JURÍDICO DEL SENIAT

 

Otra situación de carácter legislativo a destacar, está referida a la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual incorpora al Derecho positivo venezolano preceptos hasta ahora sólo manejados por la Doctrina y la Jurisprudencia, ampliando las facultades de los administrados y los deberes de la administración para con estos. Igualmente, es publicada la Ley del SENIAT, que tiene por objeto regular y desarrollar su organización y funcionamiento, como órgano de ejecución de la administración tributaria nacional, el cual se constituye en un servicio autónomo sin personalidad jurídica, con autonomía funcional, técnica y financiera, adscrito al Ministerio de Finanzas. La Ley faculta a este servicio, específicamente al Superintendente, quien a partir de este momento funge como Jefe de la Administración Aduanera, a dictar las providencias necesarias para establecer su organización, funcionamiento, régimen de recursos humanos, procedimientos y sistemas vinculados al ejercicio de las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico. No obstante, en lo atinente a la materia de contratos y compromisos superiores a diez mil unidades tributarias, aprobación del presupuesto anual, metas de recaudación, designación de representantes ante organismos internacionales y evaluación de proyectos de Reglamentos aduaneros o tributarios, dichas decisiones deberán ser acordadas por el directorio ejecutivo del organismo tributario. De igual manera, el texto legal establece las fuentes de ingreso del ente aduanero y tributario, los cuales, entre otros,  se estiman en un porcentaje mínimo de 3% hasta un máximo de 5% de los ingresos que generen los tributos que administra, con exclusión de los provenientes de hidrocarburos y actividades conexas. Los funcionarios del servicio pasan a ser  de carrera aduanera y tributaria, quienes gozarán de estabilidad en el desempeño de su cargo, o de libre nombramiento y remoción, según lo establezca el sistema de recursos humanos, que debe ser dictado por el Superintendente. Resulta sumamente importante, que el SENIAT se avoque a la brevedad posible a dictar la normativa relacionada con la organización, distribución de competencias y sistema de recursos humanos, a fin de solventar el impasse ocurrido con la implementación del artículo 340 del Código Orgánico Tributario, el cual establece la inaplicabilidad a la materia tributaria de artículos atributivos de competencia señalados en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.

 

EL REGLAMENTO DE LA MODERNIZACIÓN ADUANERA

 

Por último, es importante referirse a la promulgación del “Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas relativo al Registro, Intercambio y Procesamiento de Datos, Documentos y actos inherentes a la llegada, almacenamiento e Importación de Mercancías, mediante procesos electrónicos”, que permitirá iniciar las operaciones de la Gestión Aduana-Puerto del proyecto SIDUNEA, así como materializar los planes del SENIAT en cuanto a la simplificación de trámites administrativos en la operación aduanera de importación, y adaptar sus operaciones a la Ley sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, lo que constituye uno de los avances más resaltantes de la Administración Aduanera hacia la actualización en materia de tecnologías de información y de las comunicaciones, como herramienta ideal para realizar declaraciones, sin necesidad de utilizar documentos escritos en papel, lo que se traducirá en ahorro de tiempo y dinero, que permitirá aumentar considerablemente la eficiencia del servicio aduanero, por lo cual esto incidirá determinantemente en la calidad del servicio, así como en una mayor agilidad y transparencia en la gestión, permitiendo que las  aduanas venezolanas logren la modernización que por tantos lustros han requerido, racionalizando los criterios de la administración, así como sus procedimientos administrativos en la operación aduanera de importación, incorporando consecuencialmente, al desaduanamiento principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad y, de esta manera, suprimir pasos que resultan ser meramente formales, que evidentemente en nada contribuyen al ejercicio de la potestad aduanera.

 

Debemos destacar, que la participación y el apoyo desinteresado que fuere otorgado al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por parte del sector productivo de la economía, especialmente por parte de la Comisión de Aduanas de Consecomercio, en pro de modernizar la normativa que regula las operaciones aduaneras y, consecuencialmente, en disminuir los ilícitos aduaneros, tiene su fundamentación jurídica en la novísima Constitución de la República, a la cual están sujetas todas las personas y órganos que ejercen el Poder Público, que reconoce como un derecho la participación ciudadana en la formación, ejecución y control de la gestión pública, medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo, considerando obligación del Estado y deber de la sociedad, facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

 

Estos constituyen, a nuestro juicio, los hechos de actualidad aduanera de carácter administrativo, judicial y legislativo de mayor trascendencia ocurridos durante el año que concluyó. Hemos querido reseñarlos en este artículo, convencidos que los mismos han sido y serán motivo de discusión académica; en consecuencia, el análisis realizado a cada uno de ellos debe constituirse en motivo de reflexión para aquellos que tienen en sus manos la capacidad de efectuar los cambios necesarios que requiere el sector aduanero, pilar fundamental de la economía nacional.

 

 

Abg. JULIO RODRIGO CARRAZANA GALLO**

Profesor de Postgrado en Derecho Tributario U.S.M.

Escritorio Jurídico Tributario/Aduanero

Figueroa-Araneda-Carrazana & Asociados

aduanas @ cantv.net